La Secretaría de Energía comenzó a implementar cambios estructurales en la manera de facturar la electricidad, una medida que busca introducir señales más precisas de precios y avanzar hacia la desregulación gradual del mercado eléctrico. El nuevo esquema establecerá diferencias más marcadas entre los valores que pagan los hogares y los que deberán afrontar los grandes usuarios, como comercios e industrias.
En el corto plazo, esto implicará que los usuarios residenciales abonen una energía más cara durante el verano que los industriales, aunque la situación se revertirá en el invierno. El objetivo, según explicaron fuentes oficiales, es que el precio medio anual que paguen ambos segmentos sea similar, pero con un comportamiento estacional distinto.
La diferencia se origina en el tipo de generadores a los que accede cada segmento. Los usuarios residenciales comprarán la energía —de manera indirecta— a generadores con precios constantes durante todo el año, como los productores de energía renovable y nuclear, cuyos contratos son de largo plazo y no dependen de los costos del gas.
Por el contrario, las industrias y comercios deberán adquirir su electricidad a generadores térmicos, que utilizan gas y otros combustibles líquidos. Como el gas resulta más barato en verano, debido a la menor demanda de calefacción, la generación térmica se abarata en esa estación, pero se encarece fuertemente en los meses fríos.
“El nuevo esquema de precios mayoristas busca proteger a los usuarios residenciales de los vaivenes del mercado energético. Por ejemplo, en invierno, cuando el costo de la energía aumenta significativamente, los hogares no verán variaciones abruptas en sus tarifas, mientras que los sectores productivos sí enfrentarán ajustes mayores”, señalaron desde la cartera energética.
De acuerdo con la Resolución 434/25, que establece el nuevo régimen para el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026, los usuarios residenciales pagarán un precio que oscilará entre $63.443 y $66.374 por MWh, mientras que los grandes usuarios, como las industrias, abonarán entre $47.940 y $49.496 por MWh.
El cambio forma parte del proceso de reordenamiento del mercado eléctrico impulsado por el Gobierno, que busca volver a un modelo más competitivo y descentralizado, similar al que rigió en la década de 1990. En ese entonces, la demanda podía firmar contratos de abastecimiento directamente con los generadores, sin la intermediación estatal.
A mediados de los años 2000 y con la llegada del congelamiento de tarifas energéticas, el sistema fue centralizado en Cammesa, la compañía con control estatal encargada de organizar los despachos de energía. Además de coordinar que las plantas más eficientes ingresen primero al sistema, Cammesa pasó a comprar toda la energía y venderla a precios subsidiados a la demanda —incluyendo a industrias, comercios y distribuidoras como Edenor y Edesur—.
Las nuevas resoluciones de Energía mantienen garantizado el abastecimiento para los hogares y otros usuarios prioritarios, pero obligan a los grandes consumidores a gestionar sus propios contratos de suministro.
“El Gobierno busca garantizar que los hogares tengan precios más estables y previsibles a lo largo del año, y que en el promedio anual la electricidad continúe siendo más económica para los usuarios residenciales que para las industrias y comercios”, explicó la cartera que conduce María Tettamanti.
El impacto de esta transformación comenzará a notarse con mayor claridad a partir de diciembre. En noviembre, las boletas de electricidad registraron un aumento promedio del 3,8%, por encima del 2% mensual observado en los meses previos a las elecciones.
A pesar de los incrementos aplicados desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la demanda total todavía cubre apenas el 68% del costo real de abastecimiento, según estimaciones de la consultora Economía y Energía (EyE). El resto se financia con transferencias del Tesoro en concepto de subsidios energéticos.
Dentro de la demanda, los grandes usuarios y los hogares de altos ingresos (Nivel 1) pagaron cerca del 85% del costo de generación. En cambio, entre los usuarios de bajos ingresos (Nivel 2) la cobertura fue del 38%, y en los de ingresos medios (Nivel 3) alcanzó el 57%, de acuerdo con los cálculos de EyE.
Durante este año, el incremento tarifario para los usuarios residenciales de energía eléctrica se concentró en los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3 (ingresos bajos y medios). Estas subas se explican principalmente por la reducción gradual de subsidios para los hogares de ingresos medios y bajos. En tanto, que las tarifas abonadas por los hogares de mayores ingresos (Nivel 1) se redujeron en términos reales. La apreciación del tipo implicó un mayor incremento de las tarifas en dólares, que evaluadas según el poder adquisitivo local.
