Los gremios aeronáuticos alimentaron este lunes el conflicto derivado de un reclamo por mejoras salariales y expresaron que, si el Gobierno avanza en su intención de declarar esencial el transporte aerocomercial, los funcionarios podrían terminar presos porque sería “una decisión arbitraria e ilegal”. Apuntaron directamente hacia el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
La advertencia llegó luego de que el Ministerio de Capital Humano resolviera declarar la esencialidad de la actividad aeronáutica, civil, aerocomercial pública y privada en todo el territorio nacional tras el salvaje paro de Aerolíneas Argentinas que afectó el viernes a más de 150 vuelos y 15 mil pasajeros tanto en Aeroparque como en Ezeiza.
Esto podría implicar desde una negociación directa entre la empresa y el gremio hasta establecer un piso mínimo de servicios a cumplir. El incumplimiento de los acuerdos sobre servicios mínimos dará lugar a sanciones conforme a la legislación vigente, anticiparon.
En este contexto, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) lanzaron un comunicado avisando que el cometido del Ministerio a cargo de Sandra Pettovello comprometería “la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que participen de la misma”.
Según argumentaron los gremios, “el transporte ya está regulado como servicio público de importancia trascendental, en las condiciones establecidas por la norma, conforme la reglamentación del derecho de huelga”.
Además, indicaron que “el intento de valerse de un atajo inconstitucional: el DNU70/23, para a través del Código Aeronáutico, pretender establecer un procedimiento distinto y particular para el transporte aéreo, sería nulo» porque la Cámara del Trabajo declaró de esa forma al DNU y porque “la única forma de regular, de manera distinta el derecho de huelga, es modificando la ley que lo reglamenta”.
El comunicado sindical establece además “cualquier acto administrativo que se dicte por fuera del régimen legal establecido, además de ser nulo e ilegal, constituye un exceso de poder, un abuso de autoridad y una violación de los deberes del funcionario público que lo emita (art. 248 del Código Penal)”.
El texto especificó que, en el caso concreto del transporte aéreo, “la ilegalidad” de lo planteado por el Gobierno “es aún más evidente”. Infirió, entre otras cosas, que “comunicados oficiales y declaraciones de funcionarios, presionando en el marco del conflicto, amenazando con limitar los derechos constitucionales, constituyen lesiones incompatibles con la vigencia de los mismos”.
Luego, mencionaron específicamente al secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien destacó, en un comunicado previo, que Capital Humano pretende “cuidar y defender a los miles de argentinos que se ven afectados cada vez que se definen medidas de fuerza en este sector”.
Las imputaciones que cabrían para Cordero, según los gremios, “serían de una concurrencia de causales tan determinantes de la ilegalidad y el delito como que “a sabiendas participaría en la regulación y/o aplicación de limitaciones a la huelga por fuera del marco legal vigente” y que “violaría la imparcialidad del Estado en conflictos en que sea parte el propio Estado como empleador”, entre otras.
El pasado viernes, la medida de fuerza de los pilotos empezó a las 5 de la madrugada y se extendió hasta las 14. Aerolíneas Argentinas aseguró a Clarín que los pasajeros fueron acomodados en los vuelos posteriores y que se crearon 14 vuelos especiales por fuera de la programación original.
“Es una conducta que no entendemos. Tuvimos 15 días de asambleas donde principalmente el gremio de pilotos a través de su cabeza que es Pablo Biró las establecía, nosotros programábamos y después la cambiaban», se quejó entonces el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo.
