Muchas de las medidas que tomó Axel Kicillof en su paso por el Ministerio de Economía tuvieron un enorme costo para el país. Pero ahora, no conforme con aquello, ya no los hechos sino los dichos podrían tener un impresionante impacto en las finanzas de la Argentina. No solo eso, podría llevar a la petrolera YPF a una situación límite.
¿Qué sucedió esta vez? Según un despacho de la agencia Bloomberg, los abogados del fondo Burford, que junto a Eton Park tienen una sentencia a su favor contra el país por 16.000 millones de dólares en un juzgado de Nueva York, usaron dichos del funcionario para intentar cobrar su fallo. ¿Qué dijo? Pues que los directivos de YPF eran funcionarios de Milei. Justamente este es el argumento que los letrados esperaban para embestir contra los activos de la petrolera, después de que la jueza Loretta Preska decidiera que el condenado era el Estado y no la empresa. Ahora, deberá resolver el pedido de los demandantes.
La historia del millonario juicio es un compendio de desprolijidades y desidia de los funcionarios argentinos, cuando en 2012 expropiaron el 51% de las acciones que en ese momento eran propiedad de la española Repsol. Esta vez, no es la excepción. “Los directivos de YPF son funcionarios de Milei”, dijo el gobernador bonaerense el 31 de julio último, cuando embistió contra la Casa Rosada, despechado por la decisión de la compañía de radicar la planta de licuefacción de gas en territorio rionegrino y no bonaerense.
Rápidos de reflejos, los abogados de Burford tomaron las declaraciones y se las llevaron a Preska. Sucede que desde el año pasado, cuando se conoció la condena, han intentado por todos los medios convencer a la letrada de que YPF es una suerte de “alter ego” del Estado argentino y que, en ese caso, se podría ejecutar la sentencia contra los activos de la firma.
La historia empezó en abril de 2012, cuando el trío que conformaban la presidenta Cristina Kirchner junto a su ministro de Planificación Federal, Julio De Vido (a su vez asistido por su secretario Roberto Baratta), y al viceministro de Economía, Kicillof, jugaban a ser dueños de la petrolera. Llegaron a la torre de Puerto Madero con un decreto de intervención por 30 días. Aún recuerdan varios ejecutivos que no había manera de convencer a Kicillof de que no existía una caja fuerte con millones de dólares guardados que, quizás, el ministro imaginó en alguna trasnoche de militancia. “¿Dónde está la plata?”, repetía mientras se embanderaban en la soberanía energética.
Entonces, cuando los funcionarios ingresaron a la petrolera, tenían apenas ese decreto de necesidad y urgencia y nunca siguieron los procedimientos societarios. Ahora hay una condena por 16.000 millones de dólares para indemnizar a quienes reclamaron por la soberbia y la prepotencia de aquellos funcionarios kirchneristas. Entraron a lo guapo a la torre de YPF en Puerto Madero; ahora, hay que pagar.
El origen de la controversia es la forma en la que se estatizó el paquete accionario. Burford Capital y Eton Park fueron quienes compraron el derecho a litigar contra la Argentina e YPF, y ganaron la demanda en primera instancia al argumentar que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, como lo exige el estatuto de la empresa.
No es la primera vez que hay consecuencias por la verba desatada del gobernador. De hecho, sus palabras ya han sido motivo de instancias judiciales y la propia jueza norteamericana recuerda aquellos dichos altisonantes del ahora gobernador bonaerense. “Los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa”, dijo en aquellos meses el entonces viceministro de Economía en el Senado.
Y pese a que la palabra ha perdido su peso en el país, en Nueva York, 11 años después, Preska rescató la voz arrogante para condenar a la Argentina, en la que podría ser la sentencia más grande de su historia. “Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, indicó la magistrada en su sentencia.
La jueza de Nueva York convocó en mayo a una audiencia en la que declaró a YPF y al Banco Central (BCRA) como posibles alter ego de la República Argentina y ordenó al país proveer información de los últimos dos años para probar la relación de la petrolera y la entidad monetaria con el Estado. Previamente, los abogados del país habían apelado la sentencia, pero jamás depositaron el importe de la garantía mínima que solicitan los tribunales de Estados Unidos para evitar embargos. Por eso, mientras los jueces de alzada definen la apelación, los fondos intentan cobrarle al país.
La búsqueda de activos soberanos no es sencilla y de ahí que los demandantes intenten por todas las vías posibles demostrar que la petrolera es un “alter ego” del Estado. Andaban en busca de pruebas. Kicillof habló y, una vez más, sus dichos terminaron en el expediente.
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