Si al presidente Javier Milei se lo identificaba con el grito de “Afuera!” o con la motosierra, a uno de sus ministros favoritos, al que apodó “el coloso”, la palabra desregulación lo obsesiona. A punto tal que en sus oficinas, Federico Sturzenegger tiene un calendario que le marca cuántos días le quedan para impulsar nuevas reformas. A su equipo se suman los secretarios de Coordinación de la Producción y de Industria y Comercio, Pablo Lavigne y Esteban Marzorati, a quienes les gusta la etiqueta de “los desreguladores”. Su tarea en conjunto, según documentos oficiales, consolidó la derogación o modificación de 400 normas. Es decir, más de una por día.
Ley de Alquileres
Según números del Gobierno, después de la derogación de esta ley, a la que catalogaron como “nefasta”, la oferta de propiedades se triplicó y sus precios se redujeron un 30% en términos reales. Esta es una de las medidas que el Ejecutivo más utiliza para “bajar a tierra” el concepto de libertad económica presente en su “batalla cultural”.
Ley de Góndolas y de Abastecimiento
A través del famoso “megadecreto”, que hace referencia al DNU 70/2023, el Gobierno eliminó normativas que regulaban a los supermercados, ya que, tal cual describieron fuentes oficiales, “ponían precios máximos, cantidad de productos exhibidos y obligaba a informar sobre las etiquetas, precios y ventas de sus productos”.
El fin de Precios Justos
Había sido implementado por la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y buscaba congelar precios de productos de la canasta básica. En la práctica, ya estaba en desuso, pero a través de una resolución oficial en noviembre el Gobierno profundizó su “batalla cultural” y eliminó este programa. “Se ha demostrado que no sirvieron a los fines que fueron dictadas, utilizando ingentes recursos humanos y materiales que no han generado resultados positivos”, firmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Boletín Oficial.
Competencia de medicamentos
Este ha sido uno de los puntos que más sonaron en los discursos de Sturzenegger: las desregulaciones farmacéuticas. De hecho, el propio ministro explicó que su gestión cambió “la ley de genéricos, la famosa ley de Ginés González García, que él intento poner para que la receta fuera por droga, y la ley terminó saliendo por droga y/o marca”. De este modo, el Gobierno estableció que poner marcas en una receta es ilegal. Así apuntó contra un sector, como el de los laboratorios, al que denominó “casta”.
Desde el Ministerio de Desregulación dijeron que esto “permitió la venta de medicamentos online para que la gente pueda comparar precios, y se habilitó que los medicamentos de venta libre se exhiban en las góndolas y se puedan vender fuera de las farmacias”.
Contrataciones en empresas públicas
Luego del escándalo judicial de Nación Seguros, y en medio de un año conflictivo con los gremios aeronáuticos, el Gobierno quitó ciertas obligaciones que regían en las compras del sector público. En consecuencia, a través de distintas medidas, dio marcha atrás con el decreto de Alberto Fernández que estipulaba que los seguros del Estado debían pasar por Nación Seguros. Incluso, abrió las posibilidades de compra de pasajes aéreos para otras empresas, además de Aerolíneas Argentinas.
Eliminación de las SIRA
El presidente Javier Milei habló de “cleptómanos”, en relación al sistema de gestión y pago de importaciones implementado durante la gestión massista, y que fue eliminado en el primer mes de la gestión del binomio desregulador Lavigne – Marzorati. En su lugar se implementó el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) y, según datos del Gobierno, se “regularizó la deuda comercial de US$50.000 millones que tenían las empresas con los proveedores”.
Reglamentaciones técnicas
El Gobierno simplificó unos 46 reglamentos técnicos, a los que calificó como “barreras paraarancelarias”. De todas esas reglamentaciones, que impactaron en distintos productos, la que cobró mayor trascendencia fue la de la importación del acero. “Antes, la importación cuya finalidad no fuera la construcción requería un trámite especial. Afueeera!”, posteó Sturzenegger en la red X. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Comercio, dicha medida redujo costos en el 31% de las importaciones del material.
Valor criterio y estampillas de la ex AFIP
Con la eliminación de los valores de referencia para importar o exportar productos, sobre cuyos precios se pagan impuestos, en el Gobierno dijeron que buscaron bajar “sobrecostos”. ¿Qué pasaba antes? Se utilizaban como parámetros “valores criterio” que tenía la Aduana para evitar que hubiera evasión fiscal. Es decir, que el precio del producto que desea ingresar al país sea razonable y coincida con dicho “valor criterio”. En los casos en los que no coincidía el precio declarado con el valor criterio, los productos en cuestión eran retenidos en el canal rojo de Aduana, lo cual generaba un costo.
A su vez, los productos importados ya no exhiben la estampilla verde que decía AFIP, ahora devenida en ARCA. Fuentes oficiales indicaron que “no todos los productos la tenían, esto demuestra que dependiendo del sector había o no un interés, entonces lo que estamos haciendo es igualar”
Apertura aeronáutica
Este es uno de los sectores que más resoluciones de la gestión libertaria acumuló. Es por ello que desde el Ministerio de Desregulación destacaron: “Liberamos la oferta de rutas aéreas, y facilitamos la incorporación de aeronaves pequeñas para ofrecer transporte de pasajeros. Las empresas empezaron a conectar ciudades previamente aisladas como Olavarría, Tandil, Venado Tuerto y Villa María”. Todo esto convivió con la conflictividad que enfrentó al Gobierno con los gremios que operan en Aerolíneas Argentinas.
Transporte terrestre
La última medida en este segmento se conoció esta semana. Fue una desregulación del transporte de pasajeros. A través de la Resolución 57/24, el Gobierno permitió que entren a ese mercado cualquier conductor con seguro y VTV al día. En consecuencia, abrió el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP) para que las empresas y particulares puedan anotarse de manera online y gratuita. “Una vez inscriptos, en un máximo de 5 días hábiles tendrán el Certificado de Alta de Transportista que los habilita al registro de los servicios a prestar. Y listo! A rodar!”, puntualizó el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
