El cerco judicial se empieza a cerrar sobre Pablo Otero, el dueño de Tabacalera Sarandí conocido como el «Señor del Tabaco», por su influencia y poder en el sector. Una causa que lleva adelante la Justicia federal de Mar del Plata contra el empresario por falsificación de estampillas y venta de cigarrillos con estampillas apócrifas se reactivó y amenaza con terminar en un llamado a indagatoria contra Otero, según fuentes al tanto de la investigación.
El 23 de diciembre pasado, antes de Navidad, el juez federal Santiago Inchausti citó a indagatoria a un grupo de empresarios pymes que compraban cartones de cigarrillos truchos (con las estampillas falsificadas) de las marcas Red Point -que pertenecen a Tabacalera Sarandí-; y Dolchester y Pier de la empresa Bronway, ubicada en Rosario, y que comanda Darío Ippolito.
Las citaciones recayeron sobre Daniel y Pablo Hernández (padre e hijo), Leonardo Dari, Sebastián Ponce y Carlos y Alcides Mónaco. Todos están acusados de ser parte de una maniobra de la que también sería parte Tabacalera Sarandí y Bronway en la que presuntamente se truchaban estampillas para vender cigarrillos sin pagar impuestos.
Para el juez está probado que los seis involucrados compraban al por mayor de manera directa a Tabacalera Sarandí y Bronway los cigarrillos truchos y los revendían a otros negocios. Así hacían una diferencia de dinero ya que esos paquetes no pagaban ningún impuesto. «Adquirían y recibían con habitualidad y ánimo de lucro paquetes de cigarrillos de las marcas Red Point, Dolchester con sus estampillas insertas apócrifas o bien sin instrumento fiscal de control para su acopio, distribución y comercialización al por mayor y menor», sostuvo el juez en un escrito.
La hipótesis que maneja la Justicia, y que podría complicar a Otero e Ippolito con una eventual indagatoria, es que Sarandí y Bronway eran parte de la maniobra de venta de cigarrillos con estampillas truchas. De esa manera, las empresas tabacaleras también se habrían beneficiado porque no pagaban tributos. La Justicia espera los testimonios de esta primera tanda de indagatorias para tomar más decisiones.
La causa arrancó en agosto de 2019 cuando la AFIP de Mar del Plata detectó que en varios kioskos de la costa bonaerense se vendían cigarrillos de Bronway (PIER y Dolchester) y de Tabacalera Sarandí (Red Point), entre otras marcas, con estampillas truchas. Uno de los locales ubicado en Santa Clara del Mar tenía un stock suficiente para abastecer a una zona importante de Mar del Plata. Incluso iban a comprar productos que luego los llevaban a Tandil.
En esta causa, esas estampillas que fueron allanadas por la Justicia fueron periciadas. A cargo del trabajo estuvo la Casa de la Moneda que es el organismo que produce y le entrega a la AFIP las estampillas oficiales y verdaderas que se pegan en los atados de cigarillos y que sirven para controlar y pagar los impuestos correspondientes. En diciembre de 2023 quedó determinado con al pericia de la casa de la Moneda que los atados de la marca Red Point que habían sido secuestrados en ese allanamiento tenían adheridas estampillas falsas.
En su momento, Otero y sus abogados intentaron frenar el avance de la causa con una maniobra judicial. Pidieron que el caso que tramitaba la Justicia federal de Mar del Plata sea trasladado al juzgado federal 3 de Morón, donde había una causa similar contra Otero por presunta infracción al código aduanero. Sostenían que el caso de Morón era anterior y que se trataba de una investigación paralela que podía ser absorbida.
La Justicia de Morón rechazó esa medida y Otero apeló. El caso llegó a la Cámara Federal de San Martín y tras varias idas y vueltas escaló hasta la Corte Suprema de Justicia que el 16 de abril pasado desestimó los recursos presentados por Tabacalera Sarandí y validó la investigación de Mar del Plata que ahora vuelve a tomar impulso.