El gobierno de México se enfrenta al dilema de prohibir o limitar los llamados «narcocorridos», canciones populares que rozan los límites de la apología del crimen y que para muchos especialistas contribuyen al incremento de la espiral violenta que azota al país.
Hasta ahora, en el país no se ha aprobado una norma general que prohíba este tipo de canciones, pero sí algunas disposiciones locales que limitan su interpretación en determinados espacios y ferias populares
La cuestión recobró actualidad tras el reciente incidente en la Feria del Caballo, una tradicional celebración anual en el municipio de Texcoco, cerca de la capital, cuando los asistentes a un concierto del cantante Luis R. Conríquez destruyeron el escenario cuando el músico anunció que no cantaría narcocorridos.
El llamado «rey de los corridos bélicos» argumentó que no deseaba ser sancionado por el gobierno, pues las autoridades del estado de México anunciaron días antes que los «narcocorridos» en ferias regionales de Edomex «pueden ser sancionados con prisión».
Hace poco también la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una campaña, que incluye un concurso, para que los cantantes interpreten temas «sin mencionar a la violencia, venta o consumo de drogas» y promuevan la música mexicana «con otros contenidos» pero aclaró que no busca prohibir los narcocorridos.
Conriquez manifestó su intención de acatar las disposiciones y señaló que como otros exponentes de la música se comprometieron a dejar de interpretar «temas que hagan apología al narcotráfico, el crimen organizado y las drogas» y consideren a los narcos como una especie de «Robin Hoods» modernos.
Hasta ahora, autoridades de seis estados del país hicieron pública su intención de prohibir los espectáculos públicos «donde se realice apología de la violencia»: Baja California y Chihuahua (norte), Quintana Roo (sureste), Nayarit (occidente), Michoacán (sur) y Estado de México (centro).
El último en hacerlo fue el gobernador de Michoacán, uno de los estados más violentos del país, Alfredo Ramírez, quien ayer publicó el decreto oficial «contra la promoción de la cultura del delito a través de la música en eventos masivos».
«Quiero ser muy claro: no se prohíbe reproducir cualquier tipo de música, en el vehículo o en casa» sino en «espectáculos públicos, conciertos, bailes que hagan apología del delito, de la violencia», afirmó.
En el estado de Jalisco (occidente), el gobernador Pablo Lemus envió la semana pasada una iniciativa al Congreso para prohibir la música, videos o imágenes en eventos públicos con «contenido que promueva la violencia o haga apología del delito».
El 29 de marzo la banda Los Alegres del Barranco interpretaron en un foro de ese estado un concierto y en una gran pantalla detrás del escenario exhibieron imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», lo que generó amenazas de muerte a sus integrantes.
Artículo 19, un colectivo que defiende la libertad de expresión, considera que «criminalizar a los cantantes es una salida fácil de los políticos», pero no resuelve el problema estructural de la violencia que impacta al país desde 2006 y arroja hasta ahora la tenebrosa cifra de más de 500.000 muertos y unos 127.000 desaparecidos.
