Luego de la batalla de barrabravas y militantes contra policías en las afueras del Congreso, 114 de los 118 detenidos fueron liberados durante la madrugada de este jueves, tras una presentación de la Defensoría Pública ante el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Karina Andrade.
De acuerdo a la magistrada, las detenciones «afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión», según el fallo al que tuvo acceso Clarín. Son todos los detenidos que estaban bajo la órbita porteña
En su escrito además desmintió que los detenidos hayan portado armas de fuego o incendiado bienes públicos. «A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos», especificó.
Según argumentó, las detenciones de las personas y la información vinculada a los motivos se volvía más dificultosa. «Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención”, planteó.
“No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en ‘flagrancia’, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”, agregó.
La jueza resaltó que la Constitución reconoce «el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades». «Quienes se “movilizan” en verdad se expresan, y deben poder hacerlo, de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes y ello, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, no puede ser socavado», remarcó.
«En otras palabras, en democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales», fundamentó.
Según confirmaron fuentes de Policía de la Ciudad y Policía Federal, el total de detenidos fue de 118. Hay todavía cuatro personas detenidas en jurisdicción de Policía Federal. Tres de ellos son por posesión de armas tumberas y de cuchillos, que fueron detenidos en la zona de Retiro mientras se dirigían al Congreso junto a otros manifestantes.
Hay un cuarto, que se encuentra demorado por un pedido de captura de otra causa en Tucumán. Durante la mañana se estaban enviando oficios.
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Incidentes en el Congreso: así fue la liberación de los detenidos
El SAME, en tanto reportó que llegaron 20 heridos a los hospitales Argerich y al Ramos Mejía, uno en estado grave, el fotógrafo y militante Pablo Grillo, que sufrió una pérdida de masa encefálica a partir de un golpe.
Grillo tuvo lesiones en el cráneo producto del impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.
En tanto, tras un encontronazo con un Policía, una mujer de 87 años cayó desplomada en el piso y también quedó con lesiones. Fue luego asistida por el personal médico que estaba presente en la zona.
Además, se informó que resultaron heridos 26 efectivos de las fuerzas de seguridad y la Policía de la Ciudad, trasladados a los hospitales Churruca y Argerich. Uno de ellos fue sometido a una cirugía tras sufrir una herida de arma de fuego y una fractura.
Se trata de Elías Montenegro, de 34 años. También fueron heridos al menos dos efectivos de Prefectura: Francisco Escobar, 33 años, con trauma de rodilla, y Facundo Morales, 27 años, con trauma de pie izquierdo. También resultaron dañados dos patrulleros y cuatro motos.
Luego de la liberación, el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, apuntó contra la jueza Andrade y adelantó que analizará con el Consejo de la Magistratura su trabajo.
«Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía. La jueza, en lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas», remarcó.
