las pruebas de la oposición versus el silencio del ente electoral chavista

El resultado de las presidenciales de Venezuela, celebradas el domingo, sigue bajo la lupa por el incumplimiento de la normativa establecida, la falta de datos oficiales -debido a un ataque cibernético al sistema, según las autoridades-, numerosos cuestionamientos dentro y fuera del país y las pruebas presentadas por la oposición que, aseguran, confirman la derrota de Nicolás Maduro, pese a que fue anunciado como ganador.

Cuatro días después de las votaciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que presume de tener «el mejor sistema» comicial del mundo, no ha publicado los resultados completos, luego del primer boletín -construido con el 80 % de las actas-, según el cual Maduro -en el poder desde 2013- fue reelegido para un tercer sexenio al acumular el 51,2 % de los votos, una conclusión a la que el ataque no impidió llegar.

Aunque el CNE denunció haber sufrido un jaqueo desde Macedonia del Norte, que retrasó el conteo, el presidente de la institución, Elvis Amoroso, aseguró que el resultado anunciado era irreversible, pese a que faltaban más de dos millones de sufragios por contar, que podrían modificar sustancialmente el desenlace, ya que el candidato opositor Edmundo González Urrutia quedó, según el CNE, a tan solo 704.114 votos de Maduro.

A continuación las claves del controvertido resultado:

Luego del primer boletín, el CNE no ha emitido más información, mientras que los rectores electorales han convocado y cancelado dos declaraciones públicas en las últimas horas, pese a que desde el martes venció el plazo legal para la totalización de las actas.

El mutismo oficial, que incluye la caída de la web del CNE, impide conocer nuevos datos sobre las elecciones, cuyo cronograma establecía que mañana deben ser publicados los resultados de cada una de las 30.026 mesas de votación usadas el domingo pasado.

En contraste, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), creó una página web en la que publicó el «81 %» de las actas, que confirman, según el bloque, que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó con 7,1 millones de votos, una diferencia de 37 % respecto a Maduro.

Desde el martes, miles de venezolanos han comprobado los resultados en esta plataforma y han confirmado la veracidad de la data, sin que se conozca todavía una sola inconsistencia denunciada, lo que ha reforzado el argumento de la PUD, de que Maduro perdió «por mucho» en Caracas y en los 23 estados del país.

El Centro Carter, que participó como observador, manifestó que el proceso «no se adecuó» a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que «no puede ser considerada como democrática» ya que -dijo- la falta de resultados desglosados «constituye una grave violación de los principios electorales».

Aunque otros observadores no se pronunciaron, por el momento, el propio chavismo siempre consideró al Centro Carter como un referente de seriedad y prestigio en cuanto a sus estándares de transparencia.

Tras numerosas protestas «contra el fraude» en varias regiones del país -que dejaron, al menos, 11 muertos-, Maduro acudió el miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a pedir un recurso de amparo para que «aclare todo lo que haya que aclarar» sobre la jornada del domingo, si bien las elecciones son competencia exclusiva del CNE, por mandato constitucional.

El mandatario se puso a la orden de la justicia y encargó la tarea de dilucidar el asunto a la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, quien fuera una abierta militante del partido de Gobierno y entusiasta simpatizante del chavismo.

Mientras Maduro se mantiene en el palacio presidencial, donde ha denunciado un golpe de Estado en su contra, cada día se producen numerosos pedidos de transparencia, incluso por parte de Gobiernos aliados, como Brasil y Colombia, que instan a publicar el resultado completo para aclarar las dudas sobre su veracidad.

La Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y varios países piden la difusión total de los resultados y defienden el derecho a manifestarse pacíficamente, mientras el Ejecutivo ve las protestas como un plan desestabilizador, por lo que ordenó extremar el patrullaje.