Comenzó el “día D”, tal cual definieron en una de las prepagas más grandes del país. En realidad, no será un único día sino que puede extenderse hasta cinco jornadas dicha etapa de definición, en la que las empresas de medicina privada deben actualizar y comunicar a sus clientes el precio de las cuotas, tal cual se resolvió en la Justicia luego del conflicto por los aumentos en los primeros meses de 2024.
El Gobierno demostró que este es uno de los temas que más le interesa. Apenas comenzada la gestión de Javier Milei cuestionó aumentos que consideró desmedidos e impulsó un expediente contra las prepagas por presunta cartelización en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Casi un año después, el precio de las cuotas continúa en el centro de la discusión aunque esta vez con ribetes diferentes.
La semana pasada las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud mantuvieron una serie de reuniones con los representantes de Swiss Medical, Omint, Medifé, Medicus, Sancor Salud y de las entidades Osde, Hospital Italiano, Hospital Británico y Hospital Alemán. Tal cual informaron fuentes oficiales y del sector privado, los funcionarios del Gobierno les comunicaron que “esperan” que bajen sus precios, tras el fin de la triangulación de fondos entre los afiliados, obras sociales y prepagas.
“Sin duda, esta modificación va a generar un impacto financiero positivo en las entidades de medicina prepaga”, resumieron en un despacho oficial. Evitaron mencionar un porcentaje en el que esperan que reduzcan las cuotas. Sin dudas, la próxima decisión de las prepagas pondrá a prueba su relación con el Ejecutivo.
Según números del Gobierno, el circuito de intermediación absorbía $3 billones al año, es decir, unos $252.000 millones mensuales. De ellos, $180.000 millones provienen de aportes, $30.000 millones estaban asociados a un porcentaje que las obras sociales les retenían a las prepagas por derivarles un cliente y la porción restante son subsidios erogados por Salud.
“Nos acusaron de cartelizarnos y ahora quieren que bajemos todas juntas”, lanzaron irónicamente en una de las firmas que participaron de las reuniones. Independientemente de la polémica, en el sector de la salud privada reconocieron que, en algunos casos, los números van a mejorar, pero que en otros la situación puede ser distinta, ya que existen obras sociales que deben plata a prepagas por prestaciones con pagos retrasados.
En medio de la puja, una observación técnica. El fin de la triangulación impacta en empleados en relación de dependencia y sus grupos familiares. Es decir, excluye a quienes pagan la cuota sin ninguna intermediación, ya que su situación laboral es diferente. Por ese motivo, una posibilidad que plantearon desde una de las entidades es, al menos, no aumentar.
Tal como publicó LA NACION, una estadística que llevan en el sector privado indica que entre diciembre de 2019 y ese mes de 2024, las cuotas subieron un 1939%, pero el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO) que deben dar las entidades avanzó bastante más, un 2692%, y la inflación general fue de 2611%. En tanto, los aranceles de los prestadores (sanatorios, clínicas, centros de diagnóstico, entre los cuales los hay de las propias prepagas y los hay independientes) se reajustaron bastante por debajo: en un 1663%.
En paralelo a estas definiciones, el Gobierno cuenta con un “as bajo la manga”. Fuentes del Ejecutivo aseguraron que evalúan modificar un decreto del año pasado con el objetivo de que las prepagas puedan diferenciar los aumentos de cuotas de cada uno de los planes que ofrecen. En las filas del oficialismo definieron a esto como “un paso más hacia la desregulación” del sector.
