La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) decidió dar un paso en defensa de la posición del país en el juicio internacional por la expropiación de YPF. La entidad, que nuclea a más de 700 empresas, presentó un escrito como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para respaldar a la Argentina frente al fallo que ordena transferir a acreedores privados el 51% de las acciones de la petrolera.
Según explicó AmCham, la medida judicial no solo afecta la soberanía nacional, sino que también genera riesgos graves para la economía argentina y para las compañías de ambos países que operan de manera integrada en los dos mercados.
El comunicado de la cámara advierte que la sentencia “obliga a la Argentina a violar su propia legislación nacional, debilita el Estado de derecho y la previsibilidad —condiciones esenciales para la inversión extranjera— y puede desestabilizar la economía”.
El núcleo del planteo se centra en la Ley 26.741, sancionada en 2012, que establece que la participación accionaria estatal en YPF no puede ser transferida sin la aprobación de dos tercios del Congreso. El fallo, sostienen, desconoce esa normativa al ordenar la venta de la mayoría accionaria de la compañía.
“Exigir que un país modifique o quebrante su legislación interna atenta contra su soberanía y los principios básicos de la cortesía internacional”, advirtió la cámara. Además, alertó que, de cumplirse la sentencia, los funcionarios argentinos quedarían expuestos a sanciones penales por acatar una orden extranjera que contradice la ley local.
Otro de los puntos destacados es el impacto económico. YPF representa más del 1,5% del PBI, produce seis de cada 10 litros de combustible y es el principal exportador de petróleo del país.
“Un traspaso forzado del control accionario podría desencadenar incumplimientos contractuales, comprometer al sector energético y desestabilizar el proceso de recuperación económica”, señaló AmCham.
En este aspecto, la entidad recordó que la decisión de la Justicia estadounidense contradice los esfuerzos del propio gobierno de Donald Trump, que recientemente manifestó su apoyo a la estabilización macroeconómica argentina.
La cámara también hizo hincapié en el efecto negativo sobre el comercio bilateral. Según el escrito, el fallo crea un precedente riesgoso al reinterpretar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), al habilitar la ejecución de activos de un Estado extranjero fuera del territorio de Estados Unidos. Esa interpretación, advirtió, genera incertidumbre jurídica tanto para empresas argentinas con operaciones en EE.UU. como para firmas estadounidenses que invierten en la Argentina.
“Debilita el marco de confianza mutua y desalienta la inversión y el comercio bilateral, pilares del trabajo de AmCham desde hace más de 107 años fortaleciendo el vínculo entre ambos países”, indicó.
El comunicado de la cámara no se limitó a cuestionar la sentencia, sino que también buscó remarcar la confianza en el potencial de la Argentina. “Creemos en un país que, con instituciones sólidas e íntegras, puede transformarse en un referente de competitividad y desarrollo sostenible, capaz de generar oportunidades reales para todos sus ciudadanos”, dijo.
AmCham destacó el papel estratégico de sectores como la energía, la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento, a los que consideró claves para impulsar el crecimiento, la innovación y la inclusión social.
La organización recordó que lleva más de un siglo trabajando como puente entre el sector privado, la sociedad y los gobiernos, con el objetivo de promover reglas claras que favorezcan la inversión, el empleo y el progreso compartido.
“Apostar al fortalecimiento institucional es apostar al futuro: un país competitivo, previsible, capaz de aprovechar sus oportunidades y brindar a las próximas generaciones una Argentina más próspera, equitativa y abierta al mundo”, concluyó la entidad.
El apoyo del sector privado se suma al que brindaron los gobiernos de Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania, Israel y Rumania en su defensa para evitar que la Corte de Apelaciones ratifique el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF.
Esta es una de las cuatro apelaciones relacionadas el caso de la expropiación de YPF, que tendrá la última entrega de escritos el 12 de diciembre por parte de los beneficiarios del fallo de Preska (Burford Capital).
