Australia impondrá un límite al número de nuevos estudiantes internacionales que acepta, en un intento por reducir la migración a los niveles previos a la pandemia.
El país cuenta con uno de los mayores mercados de estudiantes internacionales del mundo, pero el número de nuevas inscripciones se limitará a 270.000 para 2025.
Eso representa una reducción de un tercio de los 402.600 estudiantes internacionales que comenzaron en instituciones de educación superior y formación profesional en Australia en 2023, según datos del Departamento de Educación citados por el diario Financial Times.
El gobierno australiano anunció este martes que cada institución de educación superior tendrá una restricción individual al número de estudiantes extranjeros.
El cambio ha indignado a la industria de la educación superior, y algunas universidades lo han calificado de “vandalismo económico”, pero el gobierno argumenta que la medida mejorará la calidad en el sector educativo.
Australia acoge a unos 717.500 estudiantes internacionales, según las últimas cifras del gobierno de principios de 2024.
Estadísticas del gobierno australiano muestran que a fines de 2022 había en el país 28.437 estudiantes colombianos y 24.554 brasileños. También hay una importante presencia de estudiantes de países como Chile, México y Perú.
El ministro de Educación, Jason Clare, reconoció que la educación superior se vio muy afectada durante la pandemia de Covid, cuando Australia envió a los estudiantes extranjeros a casa, e introdujo estrictos controles fronterizos.
También señaló que el número de estudiantes internacionales en las universidades es ahora un 10% más alto que antes de la pandemia, mientras que en los centros de formación profesional privados el aumento ha sido de 50%.
“Los estudiantes han vuelto, pero también los estafadores: la gente está tratando de explotar esta industria para ganar dinero rápidamente”, dijo Clare.
El gobierno ha acusado anteriormente a algunos proveedores de servicios educativos de comportamiento “poco ético”, incluyendo la aceptación de estudiantes que no tienen las habilidades lingüísticas para tener éxito, ofreciendo un bajo nivel de educación o formación, y matriculando a personas que tienen la intención de trabajar en lugar de estudiar.
“Estas reformas están diseñadas para mejorarlo y hacerlo más justo, y establecerlo sobre una base más sostenible en el futuro”, dijo Clare.
“Un chivo expiatorio”
Las restricciones también ayudarán a abordar los niveles récord de migración de Australia, agregó, que han añadido presión a los problemas existentes de vivienda e infraestructura.
El gobierno ya había anunciado requisitos mínimos más estrictos en el nivel de dominio del inglés para los estudiantes internacionales y un mayor escrutinio de quienes solicitan una segunda visa de estudio, como también sanciones a cientos de empresas educacionales “dudosas”.
Según Clare, las inscripciones en las universidades públicas se reducirán a 145.000 en 2025, lo que se acerca a los niveles de 2023.
Las universidades privadas y las instituciones de educación superior no universitarias podrán inscribir a 30.000 nuevos estudiantes internacionales, mientras que las plazas en instituciones de formación y educación vocacional estarán limitadas a 95.000.
La política también incluiría incentivos para que las universidades construyan más viviendas para estudiantes internacionales, añadió Clare.
Pero los proveedores de educación superior dicen que la industria se está convirtiendo en un “chivo expiatorio” de los problemas de vivienda y migración, y argumentan que los nuevos límites podrían diezmar el sector.
La educación internacional generó US$24.700 millones para la economía australiana en el período 2022-2023, convirtiéndose en la cuarta mayor exportación del país ese año.
Según un estudio económico encargado a principios de este año por la Universidad de Sídney (donde los estudiantes extranjeros representan aproximadamente la mitad de las inscripciones), los recortes de presupuesto podrían costarle a la economía australiana unos US$4100 millones y provocar la pérdida de unos 22.000 puestos de trabajo en 2025.
Vicki Thomson, directora ejecutiva de un organismo que representa a algunas de las universidades más prestigiosas de Australia, calificó las leyes propuestas de “draconianas” e “intervencionistas”.
Clare aceptó que algunos proveedores de servicios educacionales podrían tener que tomar decisiones presupuestarias difíciles, pero negó que el límite perjudicará a la industria.
“Crear la impresión de que esto está de alguna manera destruyendo la educación internacional, es absoluta y fundamentalmente erróneo”, dijo.
