RIO DE JANEIRO.- Una decisión de la Justicia Federal de Brasil que transfiere un área equivalente a más de 1500 canchas de fútbol del Parque Nacional del Iguazú del lado brasileño, que pertenece al Estado federal, al estado de Paraná, es un capítulo más en la batalla judicial por el territorio. La actual administración -actualmente en manos de la concesionaria Urbia Cataratas SA, encargada de la gestión turística y operación de la reserva- considera que la medida está basada en interés económico y afirma que apelará.
Con el nuevo fallo de la Justicia Federal, Paraná también tiene derecho a una parte de los ingresos provenientes de la explotación turística de las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, y que están ubicadas en parte en Brasil y también en la Argentina.
La decisión fue emitida el 5 de febrero por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4). La acción interpuesta por el Estado federal en 2018 solicitó la cancelación de una presentación realizada por el gobierno de Paraná en el registro civil de Foz do Iguaçu, en el que afirmaba tener control sobre el área. El gobierno federal afirmó que el territorio de 1085 hectáreas era tierra desocupada, es decir, no para uso privado, y por lo tanto, para la Unión, o el Estado federal.
Después de que el Tribunal de Foz do Iguaçu fallara a favor del Estado nacional, Paraná presentó un recurso que llevó el caso al TRF.
“El área en disputa fue donada por la Unión a un particular llamado Jesús Val en 1910. Nueve años después, el Estado compró el área a esta persona y la registró en el registro civil de Foz do Iguaçu, hechos reconocidos por los jueces del TRF. Es una gran victoria para Paraná”, afirma el fiscal del caso, Júlio da Costa Aveiro.
El juez Luiz Antonio Bonat, relator del caso, considera que el área no está vacante “ya que fue concedida por el Ministerio de Guerra a Jesus Val en la antigua Colonia Militar de Iguazú, y cuando el área fue titulada por el particular, pasó a formar parte del dominio privado”. La votación fue apoyada por los jueces João Pedro Gebran Neto y Gisele Lemke.
La Procuración General señala que la Constitución de 1988 prevé como bienes pertenecientes al Estado federal las “tierras abandonadas esenciales para la defensa de las fronteras”. Por tanto, “la franja de hasta ciento cincuenta kilómetros de ancho, a lo largo de las fronteras terrestres, designada como franja fronteriza, se considera fundamental para la defensa del territorio nacional”.
El diputado estadual Luiz Fernando Guerra (União) celebró la decisión del TRF-4 y destacó la importancia de reinvertir parte de las ganancias generadas por el Parque en beneficios para Paraná.
“Esta es una victoria para toda la población de Paraná, ya que representa un impacto positivo en la economía local, generación de empleo y fortalecimiento de la conservación del medio ambiente. Nada más justo que invertir parte de esos recursos en el estado donde están las Cataratas del Iguazú”, afirmó el parlamentario.
En un comunicado oficial, el Parque Nacional afirma que, desde el punto de vista legal, la decisión puede ser recurrida y revisada, “asunto que debe ser tratado por el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y el Ministerio de Medio Ambiente”.
“La decisión favorece al estado de Paraná, que reivindica el área. En la práctica, con la decisión, los ingresos de la taquilla del parque —que actualmente ascienden al ICMBio en un 7% de la recaudación bruta— serán devueltos al estado”, afirma el comunicado.
Por Luis Felipe Azevedo