Ya no queda ninguna duda de que el Gobierno va a presentar una reforma impositiva. Desde el presidente Javier Milei hasta varios de sus ministros adelantaron que será uno de los grandes proyectos de reformas de esta segunda etapa de la administración libertaria. Lo que no está claro, por ahora, es la intensidad de cambio que tendrá el nuevo marco impositivo. Es decir, si acelerarán en la curva, como es una característica política del Presidente, o por el contrario, si serán algo más cuidadosos como para no afectar la recaudación.
El asunto empezó hace tiempo, cuando una comisión integrada por tributaristas y funcionarios se pusieron a trabajar en una reforma. Entonces, aquellos técnicos que terminaron su trabajo y ya se lo presentaron a Luis Caputo apuntaron a dos reformas que podrían adjetivarse como revolucionarias para el sistema tributario vigente.
El corazón de ese borrador pasaba por un fortísimo cambio en el régimen del IVA y un intento de eliminar el impuesto al cheque para, en forma indirecta, generar un enorme impacto en la recaudación de Ingresos Brutos provinciales.
El proyecto del nuevo IVA fue puesto sobre la mesa por el ministro Caputo. “Vamos a dividir el IVA entre Nación y las provincias. Nosotros cobraríamos lo que le corresponde a Nación, aproximadamente un 9% sobre el 21% que constituye actualmente el IVA. Las provincias, por su parte, establecerán su propio porcentaje de IVA», explicó en mayo en una entrevista con el streaming La Casa.
La base de esta historia está en la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, uno de los rediles inexpugnables para el diálogo político y donde se expresa la enorme inoperancia de la democracia argentina. La primera ley de Coparticipación (número 20.221) es del 21 de marzo de 1973, sancionada durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse.
Finalmente, en 1988, en la presidencia de Raúl Alfonsín, se estableció la tabla que se utiliza actualmente mediante la sanción de la ley 23.548.
Lo que vino después fue la provincialización de Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, ambos territorios nacionales. La autonomía es obra de la Constitución de 1994, que estableció que en los dos años subsiguientes, es decir, hasta 1996, se sancione una nueva ley de coparticipación. Hasta ese momento, y en forma excepcional, a la Ciudad se le transferirá dinero que le corresponde a la Nación y no a las provincias.
La política argentina jamás avanzó en una solución sobre el asunto. Pasaron casi 30 años y la cosa sigue igual. Actualmente, la Nación se queda con el 42,34%, mientras que el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática. El 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también se reparte entre las jurisdicciones. A esta división entre el gobierno central y las provincias se la conoce como coparticipación primaria. De ahí se calcula ese 9% que, según el ministro, será el IVA nacional.
Pero el punto clave es que se trata de un impuesto que las provincias delegaron en la Nación para que lo recaude en forma unificada y que está creado por una ley del Congreso. Con lo cual, la Casa Rosada no puede hacer lo que quiera con el asunto, sostienen los gobernadores.
Si el proyecto de Caputo avanza, los productos de todo el país tendrán un IVA unificado de 9%. El resto será cuestión de cada provincia. La pregunta que surge es qué porcentaje podría poner cada una. Y la respuesta es que cada distrito podría poner el número que quiera.
Ahora bien, si el Gobierno aplicara este sistema, por caso, la ciudad de Buenos Aires y la provincia serían las más beneficiadas, ya que son dos distritos con enorme actividad económica. Por caso, en el que maneja Jorge Macri se podría cobrar un IVA adicional de 2,11% y con eso alcanzaría para suplir el ingreso que hoy le llega desde la distribución de Coparticipación Nacional por este impuesto.
A Axel Kicillof, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), le alcanza con 5,6%. Neuquén podría gravar las ventas con 9,9%; Chubut, con 10,6%, y Córdoba, con 10,7%.
En el otro extremo quedan provincias como Catamarca, que debería poner un impuesto de 71% para empatar el ingreso actual; Formosa y La Rioja, con 46%, y Chaco, 40%.
La pregunta, entonces, es si el Gobierno nacional se atreverá a plantear este esquema nuevo y, de hecho, qué tipo de negociación podría abrir para “compensar” a las provincias que sufran una enorme pérdida de fondos coparticipables. El número uno de una de las principales agencias de recaudación de una de las provincias, al ser consultado por LA NACION, dijo que parece difícil que pueda pasar el Congreso un proyecto así. “Pero imagino que lo van a intentar. Y, además, si en dos años ganan en Buenos Aires, es posible que les puedan alcanzar los votos y ahí sí cambia totalmente la recaudación bonaerense, principal afectada por el régimen actual”, dijo.
Aquel borrador establecía, además, otro punto fundamental: la eliminación del impuesto a los créditos y débitos, llamado comúnmente “impuesto al cheque”. Acá es necesario otro ejercicio de retrospectiva. El tributo nació el 27 de marzo de 2001, una semana después de que asumiese como ministro de Economía Domingo Cavallo. Se instauró como provisorio y por poco más de un año, con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2002. Cumplió 24 años.
Ese impuesto se recauda a través del sistema bancario, se debita cuando el dinero entra o sale de una cuenta corriente o de una caja de ahorros de una persona física o jurídica. Justamente, ese mismo mecanismo es el que utilizan las provincias para cobrar los adelantos de los Ingresos Brutos que aplican sobre la actividad y que se han convertido en una de las principales quejas impositivas de los empresarios.
El punto es que si el Gobierno deja de cobrarlo, además de alegrar a cuanto empresario, comerciante o profesional hay en la Argentina y que tiene su actividad bancarizada, podría hacer una jugada importante: mediante una resolución del Banco Central podría prohibir a todos los bancos de la Argentina recaudar impuestos de terceros.
Obviamente, las entidades no retendrían más el impuesto al cheque, además de algunos nacionales de menor cuantía, pero tampoco podrían quedarse con los débitos por Ingresos Brutos que hacen sobre el dinero de los usuarios bancarios. Dicho de otra manera, la Nación ya no pide recaudar su impuesto y no deja que las provincias usen ese mecanismo.
Empieza, ahora, el poroteo fino. Desconectar el impuesto al cheque es perder, aproximadamente, el 7% del total de la recaudación. En esos papeles de trabajo anotan, justamente esto, la caída en su recaudación, pero saborean otro efecto que tendría bajar la alícuota a cero, posibilidad que el Congreso le entregó en aquella ley al Poder Ejecutivo.
Acá es donde aquel camino reformista a fondo empezó a tener escollos. Sucede que en aquel momento, cuando se reunían los técnicos y funcionarios, pronosticaban un segundo semestre muy distinto al actual, donde la recaudación no subió lo que esperaban producto de la caída de varios sectores de la actividad económica. Ahora, muchos dudan si será posible quitar este impuesto.
Entonces apareció la opción que gana adeptos en el Gabinete: optar por generar un sistema de compensación de este impuesto para utilizarlo en el pago de otros. De esta manera, para el “pagador” sería mucho menos distorsivo. Claro, eso también implica una caída en la recaudación, ya que aquellos pesos del impuesto al cheque serían aplicados a otros tributos.
En el proyecto que se baraja ahora, efectivamente habrá quita de algunos impuestos. Pero parece que serán menores, como el que se cobra en las entradas de cine. Es posible que haya alguna reducción de algunos puntos en ciertos tributos, pero no mucho más.
La discusión pasa por saber cuántos puntos de recaudación está dispuesto a perder el Gobierno en este momento. Caputo deberá decidir y, con base en eso, ver a quiénes se les entregan.
En la fila de los que piden a gritos reducción están todos los sectores de la economía, desde al campo, con las retenciones, hasta la industria y el comercio, con el impuesto al cheque, por caso.
Pero todo parece indicar que esa fila está encabezada por los trabajadores en relación de dependencia que pagan el impuesto a las Ganancias. Allí sí habrá cambios. En principio, se actualizarán las escalas. Luego, habrá un amplio abanico de posibilidades de deducir gastos, un beneficio que hoy es muy limitado. De esa manera, cambiará el impuesto que paguen los trabajadores.
Además, se habilitará la posibilidad de descontar un seguro de retiro. De esa manera, los empleados podrán enviar algo de dinero a un sistema privado, primo hermano de las AFJP. Además, hay un segundo efecto: en general esa plata es invertida por las aseguradoras en el mercado de capitales, otra de las prioridades de Caputo.
Sobre estos esquemas se debate en lo más alto del Gobierno. Por un lado están los que quieren aprovechar la coyuntura y la impronta tras las elecciones y avanzar en un programa mucho más profundo. Por el otro, los más cautos, temen que la recaudación caiga e impacte demasiado fuerte en el corazón del programa: el orden de las cuentas públicas.
