Faltan menos de 10 días para la apertura de sobres de la licitación más importante que se haya lanzado durante la gestión de Javier Milei: el dragado, balizamiento y concesión de la principal vía navegable del comercio exterior argentino por 30 años, también conocida como Hidrovía. En esta recta final para recibir ofertas, distintas organizaciones manifestaron reparos sobre el pliego. Ahora, según pudo averiguar LA NACION, la Unión Industrial Argentina (UIA) le hizo un planteo al Gobierno con observaciones técnicas del pliego para garantizar que la compulsa sea “inobjetable” y la adjudicación “razonable”. Se espera que emita un comunicado al respecto.
Tal cual adelantaron fuentes de la principal central fabril, este martes habrá una reunión de junta directiva, de la que saldrá ese comunicado con una descripción pormenorizada de la postura adoptada por la entidad. En la UIA entienden que lo que pueda ocurrir con la Hidrovía es una cuestión “trascendental”, ya que por allí circula el 80% de las exportaciones e importaciones, y su estado, así como también las tarifas que se pagan para trasladar los productos, impactan en competitividad y logística. Del otro lado del mostrador, quien vaya a ganar la licitación se quedará con un negocio cuya facturación anual oscila entre US$200 millones y US$410 millones.
Previo a eso, el Consejo Portuario Argentino (CPA), organización que reúne a los puertos argentinos, ya había expresado en una nota enviada a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sus “observaciones que se oponen a la regularidad” de la licitación. La misiva lleva la firma del presidente del CPA, José Lojo, y está fechada el 23 de enero.
En esa carta, Lojo enumeró argumentos para solicitar “suspender inmediatamente el procedimiento licitatorio en curso”. Como consecuencia, propuso continuar con el esquema actual de administración de la Hidrovía por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, hasta que el pliego “sea corregido o se disponga otro método”.
Uno de los puntos en los que más énfasis hizo el CPA es la falta de un estudio ambiental actualizado de la Hidrovía. Según detalla el análisis del pliego realizado por la organización que nuclea a los puertos argentinos, dicho estudio data de 2011 y habría sido realizado por los anteriores administradores de la vía navegable, Emepa y Jan de Nul. Esta última compañía podría presentarse para quedarse con la licitación.
En ese punto yace una de las mayores objeciones que le señalan al pliego. La información técnica del río fue suministrada por una de las interesadas en ganar la licitación. En consecuencia, sus competidoras esgrimen que debiera hacerse un estudio ambiental más exhaustivo, actual y, en efecto, extender el plazo para presentar ofertas.
Este asunto ya escaló a instancias judiciales. Por ejemplo, una de las empresas interesadas en el pliego, la belga Dredging Internacional (DEME) presentó una cautelar en la Justicia para extender los plazos. En paralelo, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza la confección del pliego. Tiempo atrás, cuando la gestión de Alberto Fernández había intentado lanzar una licitación similar en la Hidrovía, la PIA había lanzado un dictamen en el que había observado falencias y la compulsa quedó anulada.
Otras objeciones ponen el foco en que la concesión para el dragado y balizamiento sea a 30 años, el manejo de la tarifa y la falta de previsibilidad en la gestión de la vía navegable. “Tenemos la certeza de que en este lapso van a ocurrir cambios estructurales muy importantes en el mundo del comercio marítimo”, había dicho a LA NACION Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA),
A su vez, desde el Senado también llegaron señalamientos sobre la licitación de la Hidrovía. Los legisladores Carolina Losada, Eduardo Vischi, Eduardo Galaretto, Mercedes Valenzuela y Stella Maris Olalla le enviaron una carta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “con el propósito de garantizar que este proceso contribuya de manera efectiva a mejorar la competitividad del comercio exterior del país”.
En el párrafo siguiente, los senadores escribieron que “resulta crucial que el diseño y ejecución del nuevo contrato de concesión contemplen medidas que favorezcan la transparencia, la competencia entre oferentes y una mayor eficiencia operativa”. Luego enumeraron ocho observaciones, entre las cuales, incluyeron la evaluación del impacto ambiental solicitando que se realicen con estándares internacionales, y la modificación de los criterios de elegibilidad y ponderación técnica, “para fomentar una participación más amplia”.