Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sentenció este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Por cuatro votos a uno, los magistrados consideraron que el exmandatario lideró una organización integrada por funcionarios de su gobierno, militares y agentes de inteligencia, con el objetivo de socavar las instituciones democráticas. “La ley debe ser aplicada igualmente para todos”, sostuvo la jueza Cármen Lúcia al justificar su voto, alineado con Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin. Solo Luiz Fux se pronunció por la absolución.
Tras conocerse el fallo, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo menor del expresidente, aseguró en declaraciones a la agencia Reuters que espera una reacción firme de Estados Unidos. “Vamos a tener una respuesta con acciones del Gobierno de Estados Unidos contra esta dictadura que se está instalando en Brasil”, declaró.
El legislador advirtió que los jueces que votaron a favor de la condena podrían enfrentar sanciones bajo la Ley Magnitsky, utilizada anteriormente por el gobierno de Donald Trump contra Alexandre de Moraes.
Eduardo, instalado en EE.UU. desde principios de este año, buscó apoyo de Trump y del entorno republicano, y llegó a reunirse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en su campaña para presionar contra los magistrados.
Por su parte, Flavio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente, expresó su rechazo en un posteo en la red social X: “¡Hoy es el día en que la supremacía derrotó a la democracia! Los que son perseguidos injustamente pasan a la historia, los perseguidores pasan a la escoria. ¡No renunciaremos a nuestro Brasil!”.
En línea con el pedido de Eduardo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anticipó que la administración “responderá en consecuencia”. Apuntó asimismo contra el emblemático juez de la corte Alexandre de Moraes, a quien acusó de ser un “abusador de derechos humanos” y ser responsable de “persecuciones políticas”.
“La Corte Suprema de Brasil dictaminó injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, publicó en la plataforma que lidera Elon Musk.
Donald Trump, por su parte, calificó la sentencia de “sorprendente” y la comparó con sus propios problemas judiciales pasados. “Realmente se parece a lo que quisieron hacer conmigo”, opinó en diálogo con la prensa.
Tras la condena dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF), la defensa de Jair Bolsonaro cuenta con un abanico limitado de recursos para intentar revertir o, al menos, dilatar la sentencia. La primera alternativa que suele mencionarse es el uso de los llamados embargos infringentes, previstos en el Código Procesal Penal.
Este mecanismo permite reevaluar una decisión no unánime y trasladar el caso del ámbito de la Primera Sala —integrada por cinco magistrados— al plenario de once jueces. Sin embargo, la jurisprudencia del STF establece que este recurso solo procede cuando al menos dos magistrados votan por la absolución, algo que no ocurrió.
Los abogados del expresidente pueden apelar también mediante mociones de aclaración. Estos recursos no modifican el fallo, pero permiten señalar contradicciones u omisiones en el texto de la sentencia.
En la práctica, funcionan más como una herramienta para ganar tiempo que como un medio para reabrir el debate, y el STF rechazó reiteradamente su uso por considerarlos dilatorios. Otra posibilidad es el habeas corpus, aplicable solo en casos de flagrante ilegalidad o abuso de poder. No obstante, la Corte fue estricta en bloquear este instrumento cuando se utiliza como un recurso ordinario contra una condena.
Agotadas estas instancias, aún queda abierta la revisión penal, prevista en el Código de Procedimiento Penal en situaciones de error judicial, aparición de nuevas pruebas o injusticia manifiesta. Se trata de un proceso posterior, al que solo puede recurrirse una vez que la sentencia quede firme.
Finalmente, la defensa de Bolsonaro podría acudir a organismos internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, alegando violaciones al debido proceso.
Este tipo de estrategia no suspende la condena en el plano interno, pero sí puede generar responsabilidad internacional para el Estado brasileño y mantener el caso en la agenda pública.
Con información de Reuters.
