Los asesores de Donald Trump elaboran un paquete de medidas para cumplir su promesa de una deportación masiva de inmigrantes ilegales. El programa en estudio se inició hace varios meses, pero su análisis se ha reanudado con velocidad después del triunfo electoral del 5 de noviembre.
Entre esas iniciativas, los asesores del presidente electo discuten una declaración de emergencia nacional que permitiría al gobierno entrante reutilizar activos militares para detener y expulsar a los migrantes; revocar una política del gobierno de Joe Biden que ordena al Servicio de Inmigración y Aduanas no perseguir a quienes se encuentran en el país ilegalmente y no han cometido otros delitos; y realizar cambios en el sistema de tribunales de inmigración para acelerar los casos de expulsión.
Pero las discusiones entre bambalinas no enfrentan sólo obstáculos ligados a la legalidad de las medidas sino, además, problemas asociados a su financiación, según dijeron miembros del entorno de Trump citados por The Wall Street Journal y la agencia de noticias Reuters.
Los aliados de Trump han dicho que planean centrarse primero en los “sin papeles” que tienen órdenes de deportación (cerca de 1,3 millones) así como aquellos con otras condenas penales. Bajo la gestión de Biden ingresaron ilegalmente al país unos 8 millones de migrantes, aunque no se sabe con precisión cuántas personas viven fuera de la ley en la actualidad. El Departamento de Seguridad Nacional estimó que serían unos 11 millones en 2022, aunque es probable que la cifra haya aumentado desde entonces. Trump dijo que son 20 millones de personas.
Uno de los problemas asociados a la financiacion reside en cómo pagar los procesos de detención y deportación. Un cálculo del American Immigration Council, un grupo liberal de inmigración, estimó que una operación para deportar al total de los “sin papeles” en el país podría costar US$ 968 mil millones en más de una década, o unos US$ 88 mil millones al año.
Cualquier esfuerzo de deportación requiere enormes recursos para contratar más agentes federales que identifiquen y arresten a los inmigrantes, subcontratar espacios para detenerlos y adquirir aviones para llevarlos a otros países. Trump ha restado importancia al costo proyectado de su plan. “No es una cuestión de precio. Es que no tenemos otra opción”, dijo a NBC News esta semana,
Los defensores de los inmigrantes advierten que la deportación sería costosa, divisiva e inhumana, y que conduciría a la separación de familias. Según sondeos realizados por Edison Research, el 56% de los consultados dijo que se les debería permitir solicitar un estatus legal.
En lugar de deportar por la fuerza a todos los inmigrantes, los asesores de Trump esperan poder inducir a algunos a irse voluntariamente, con la oferta de poder regresar con una visa si son elegibles en un proceso de admisión.
Fuente: AFP, AP y Clarín