Era otra Venezuela y también otra Argentina. El 18 de enero de 2008, cuando recién comenzaba el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la por entonces presidenta leyó una carta que le envió quien era el número uno de Impsa y posterior arrepentido en la causa Cuadernos, Enrique Pescarmona, luego de ganar una licitación para una central hidroeléctrica en el país otrora gobernado por Hugo Chávez. “Un orgullo para la tecnología nacional, el diseño, fabricación, transporte y montaje de estas grandes maquinarias hidráulicas que serán diseñadas enteramente en la Argentina”, decía la misiva. ¿El final de esa historia? Un posible cementerio de elefantes o, mejor dicho, de turbinas.
La licitación que había ganado Impsa estipulaba proveer diez turbinas a la central hidroeléctrica Tocoma, ubicada en el sudeste de Venezuela, por un monto de US$520 millones. “Un hito histórico para el país”, decía quien fuera vicepresidente de la compañía, Francisco Rubén Valenti. Dieciocho años después, sólo una turbina llegó al proyecto, mientras otras dos quedaron terminadas en Mendoza, al lado de los componentes de las siete restantes.
“El parque Tocoma”. Así llaman las nuevas autoridades de Impsa al sitio donde yace esta especie de cementerio de turbinas. Los actuales dueños de la compañía creían que eso sería un problema sin solución, pero tras la captura de Nicolás Maduro empezaron a cambiar de idea. Tuvieron una reunión institucional en el Departamento de Estado de Estados Unidos, con un objetivo: “Poner a disposición de las autoridades del Departamento, encargadas de la recuperación de la infraestructura energética de Venezuela, las capacidades de Impsa para la rehabilitación y la optimización de su sistema hidroeléctrico”.
En términos concretos, Impsa solicitó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos que le otorgue una licencia para poder entablar conversaciones con CorpoElec, que es la Corporación Eléctrica del gobierno venezolano. La compañía necesita obtener ese permiso porque la ley norteamericana prohíbe negocios con agentes sobre los que pesan sanciones.
“Somos una empresa argentina, pero de dueños americanos”, suelen repetir en Industrial Acquisitions Fund (IAF), los principales nuevos accionistas de Impsa que tomaron posición hace un año. Por este motivo deben pasar por las regulaciones de Estados Unidos. A propósito del proyecto en Venezuela, grafican: “Nuestras tratativas son Buenos Aires – Washington, Washington – Caracas”. En consecuencia, el destino de las turbinas dormidas depende, en parte, de las decisiones de la Casa Blanca.
El arco narrativo de la historia de Impsa sorprende por su amplitud. Hace casi 20 años, competía para quedarse con contratos impulsados por el chavismo y ahora acompaña la política diseñada en Washington. La firma no sólo funciona como uno de los exponentes de las privatizaciones durante la presidencia de Javier Milei, sino también del vínculo que el mandatario forjó con su par estadounidense, Donald Trump, y del acercamiento entre la Argentina y Estados Unidos. El negocio de las grúas lo atestigua.
La metalúrgica con planta en Mendoza ya le vendió dos grúas portuarias al Ejército estadounidense y compite en licitaciones para abastecer al puerto de Miami, tal como confirmaron fuentes cercanas a la compañía. De hecho, las grúas fue el leit motiv de sus accionistas para protagonizar la primera privatización de la era Milei. Recordaron un encuentro en enero de 2024, cuando recién comenzaba la gestión libertaria, en el que pensaban qué negocio desde la Argentina podía satisfacer al mercado estadounidense. Entonces, las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca de reemplazar las grúas chinas en sus puertos llevaron la mirada a Impsa.
“Heredamos una deuda de US$500 millones”, explicaron fuentes cercanas a la empresa. Los interlocutores de sus accionistas indicaron que un viejo proyecto de la gestión Pescarmona, un parque eólico en Brasil, condenó a la firma a un profundo rojo financiero, sin embargo, no dudan en catalogar al negocio con Venezuela como un “proyecto fallido” con una deuda certificada de US$40 millones, aproximadamente.
Impsa tenía dos proyectos en Venezuela vinculados a centrales hidroeléctricas. El primero de ellos, el de Macagua, el más pequeño dado que se trata del reacondicionamiento de turbinas. El segundo, el de Tocoma, es el de la licitación por los US$520 millones que también quedó a menos de medio hacer.
“Entre 2013 y 2014 Venezuela interrumpió los pagos”, recordó uno de los conocedores de los números de la compañía. Fue así que Impsa llegó a entregar una sola turbina de las 10 comprometidas. Pese a este antecedente, desde la metalúrgica insisten: “Es un proyecto ejecutable”.
Recordaron que en octubre del año pasado habían comenzado a analizar esta posibilidad, pero sin éxito. Explicaron que, más allá de no tener la licencia para renegociar con CorpoElec, llevar trabajadores a Venezuela hubiera implicado un riesgo para su seguridad antes de la captura de Maduro. “Cambió el escenario”, afirmaron.
Al hacer números, consideran que volver a encarar el proyecto Tocoma precisará una facturación de entre US$300 millones y US$500 millones durante cinco años. Más allá del financiamiento, en la empresa describen a la reactivación de estos proyectos en ambas centrales hidroeléctricas como un posible “activo estratégico”. Analizan que el sector petrolero venezolano, para crecer, necesitará mayor abastecimiento de energía y Tocoma podría incrementar entre un 10% y 15% la electricidad disponible, tal como indicaron fuentes cercanas a la empresa.
Por esta razón, la visita a Venezuela del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien se reunió con la actual presidenta del país, Delcy Rodríguez, generó ilusión en Impsa. El funcionario norteamericano tuiteó el 15 de febrero: “Gracias al presidente Trump, Venezuela ya ha visto más de mil millones de dólares en ventas de petróleo. Este es sólo el comienzo para mejorar la economía y la calidad de vida”.
En una entrevista con CNN, Wright, desde Anzoátegui, Venezuela, dijo: “Estuvimos en el campo de Chevron. Su objetivo es duplicar la producción allí en los próximos 12 o 18 meses, y probablemente quintuplicarla en los próximos cinco años. Esos dólares ya están fluyendo”.
Wright también reconoció que hay otras empresas que podrían prestar más servicios en Venezuela. Sin mencionar a ninguna en particular, esbozó una idea parecida al proyecto de Impsa: “Estamos hablando con personas muy interesadas en trabajar en la red eléctrica. Venezuela también ha sufrido un colapso en su producción de electricidad. Si quieres mejorar la vida de la gente, tienes que darles más electricidad”.
En la empresa que perteneció a la familia Pescarmona, cuyos orígenes se remontan a 1907, pero surgió como tal en 1965, hablan de “la nueva Impsa” y también de “la nueva Venezuela”. La captura de Maduro y el acercamiento del Palacio de Miraflores a la Casa Blanca abrieron una nueva oportunidad de negocios para la metalúrgica. Su marca supo recorrer el mundo, algo que la elevó, pero también la hundió.
La competencia con otras empresas de la región, que contaban con mejor financiamiento, como las brasileñas, entre otras cuestiones, la desgastó y comenzó a aislarla de los grandes negocios. En 2014, entró en cesación de pagos y cuatro años más tarde, la familia Pescarmona cedió el control de la firma a otros accionistas.
En 2018, Enrique Pescarmona declaró como arrepentido en la causa Cuadernos. Confesó haber pagado coimas, que según la acusación de la fiscalía alcanzan los US$700.000. Sostuvo: “Asumo la responsabilidad de los pagos que efectuó Valenti (exvicepresidente de Impsa)”. Actualmente, el otrora número uno de la compañía fue apartado del proceso judicial por “incapacidad sobreviniente”, en razón de un cuadro de Alzheimer.
De vuelta en la historia de Impsa, en 2020 sus autoridades iniciaron contactos con la gestión de Alberto Fernández para sostener a la empresa que acumulaba un pasivo millonario y no podía hacer frente al salario de sus trabajadores. Un año más tarde, el Gobierno nacional adquirió el 63,7% de las acciones y la provincia de Mendoza, el 21,2%. El resto permaneció en manos privadas.
Ese periplo abrió un nuevo capítulo con la llegada de Milei a la Casa Rosada. En el verano de 2025, el Estado terminó de correrse de Impsa, cuyas acciones fueron adquiridas, en su mayoría, por un grupo liderado por la estadounidense Arc Energy. Mientras cambiaban los papeles de la compañía, las turbinas comprometidas para Venezuela vieron pasar distintos dueños, pero nadie las movió. Casi 20 años después, buscan cambiar el rótulo de “proyecto fallido” por el de una exportación argentina a Venezuela, gestionada por Estados Unidos. Un triángulo que hasta hace poco era impensado.
