CARACAS.- La oposición venezolana afirmó este miércoles que considerará “nula” la eventual “certificación” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los resultados de las elecciones del 28 de julio informados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron ganador al presidente Nicolás Maduro, mientras continúa la represión poselectoral con la detención arbitraria de dos periodistas.
“Conforme a nuestra Constitución, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer”, señaló la Plataforma Unidad Democrática (PUD) en un comunicado, firmado también por los líderes opositores Edmundo González Urrutia, candidato de la PUD en los comicios, y María Corina Machado.
El mensaje dice que los magistrados de la Sala Electoral del TSJ estarían violando los “derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa”. Y añade que esa sala “no está facultada” para ejercer funciones sobre el proceso de votación.
“De hacerlo, estaría violando el principio de separación de los poderes públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas”, añadió.
La oposición desconoce el triunfo que el CNE atribuyó a Maduro y sostiene que González Urrutia fue el vencedor de las elecciones. Subraya además que asumirá en el cargo de presidente de Venezuela el 10 de enero próximo.
“El CNE debe hacer valer lo que el pueblo ordenó y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Como reiteramos en distintas comunicaciones, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen”, insistió la PUD.
El TSJ lleva adelante un proceso para “validar” los resultados de las elecciones. El domingo pasado, magistrados del tribunal, entre ellos su presidenta, la exfuncionaria chavista Caryslia Rodríguez, acudieron al CNE para revisar las actas físicas de los comicios, que todavía no fueron publicadas de forma detallada, como establece la normativa y como exige la oposición.
En tanto, el dirigente opositor y exgobernador del estado de Bolívar, Andrés Velásquez, advirtió que Maduro no podrá mantenerse en el poder porque perdió la “legitimidad” del voto, pese a que el CNE lo proclamó como ganador.
“¿Podrá Maduro, montado en su descomunal fraude, mantenerse en el poder? En mi opinión no. Perdió la más importante legitimidad que es el voto. No tendrá reconocimiento. Para mantenerse tendrá que hacerlo a sangre y fuego. Venezuela no parará hasta lograr el respeto de la verdad”, escribió Velásquez en su cuenta en X.
Por otro lado, dos periodistas venezolanos fueron detenidos sin órdenes judiciales y llevados a lugares sin identificar por agentes de inteligencia del régimen chavista, sumándose a la lista de la represión chavista a los trabajadores de la comunicación, entre ellos también extranjeros.
Ana Carolina Guaita, del medio digital La Patilla, fue detenida por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
La detención se produjo en la ciudad de Maiquetía, en el estado de La Guaira. La joven “fue secuestrada a bordo de un carro blanco al salir de su casa. Se desconoce hasta el momento su paradero”, denunció el sindicato.
Horas antes, otro periodista, Víctor Ugas, fue sacado a la fuerza de su casa por agentes bolivarianos, acusado de “instigación al odio” tras mantener una disputa con el conocido tiktoker Emmanuel Marcano, uno de los agentes de la propaganda chavista en esa red.
En tanto, Estados Unidos, que cuestionó desde el principio los dudosos resultados, elaboró una lista preliminar de unos 60 funcionarios del gobierno venezolano y familiares que podrían ser sancionados con relación a las elecciones presidenciales, según fuentes cercanas al asunto.
La lista señala a funcionarios del CNE, del TSE y la policía de contrainteligencia militar del país, señalados de contribuir a la crisis política. Las sanciones serían prohibiciones de viaje, así como prohibiciones de hacer negocios con cualquier entidad norteamericana.
El borrador de la lista de sanciones fue presentado en los últimos días por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Departamento de Estado, pero no es definitivo y el número de personas que podrían ser sancionadas está sujeto a cambios, dijeron las fuentes.
No quedó claro de inmediato cuándo se anunciarían las medidas y si podrían ser acompañadas por sanciones sectoriales. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo el martes que Washington “responsabilizará a quienes permitan el fraude electoral y la represión”.
Agencias ANSA y Reuters
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