RIO DE JANEIRO.- Al menos dos personas murieron por disparos durante una operación policial contra el crimen organizado el miércoles en Río de Janeiro, según informó la policía local.
La acción de las fuerzas de seguridad es la primera desde el megaoperativo de fines de octubre contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV), que dejó 132 muertos en los complejos de Penha y Alemao, según la Defensoría pública, entre ellos cuatro policías. La llamada “Operación Contención” fue la más letal en la historia del país.
Según las autoridades, el operativo de este miércoles es una nueva etapa de esa acción dirigida contra el CV, que controla varios barrios populares conocidos como favelas.
“Esta es una etapa más de la Operación Contención y muestra el combate al Comando Vermelho en sus diversas actividades delictivas”, afirmó en una nota el secretario de la Policía Civil, Felipe Curi. “La facción se aprovecha de la expansión territorial para cometer toda una gama de crímenes, fortaleciendo su estructura financiera”, agregó el funcionario.
La policía ingresó en la madrugada a Vila Kennedy, un barrio del oeste de Río, para “desarticular” un grupo dedicado al robo de autos, detalló la Policía Militar del estado en un comunicado enviado a la agencia AFP.
Según el medio brasileño O Globo, dos personas murieron, dos resultaron heridas y 17 fueron detenidas en la acción policial. Los uniformados decomisaron dos fusiles, dos granadas y dos pistolas y removieron 14 barricadas.
Además, informa el medio, la policía rescató un hombre secuestrado que estaba siendo sometido a torturas por los narcotraficantes. La víctima fue hallada atada y con señales de violencia en su cuerpo.
Más temprano, la policía militar había informado sobre “cuatro criminales heridos de bala durante enfrentamientos con los policías”, sin precisar su estado de salud.
La acción del miércoles es una operación “conjunta, con la Secretaría de la Policía Civil y la Secretaría de la Policía Militar, cuyo objetivo es impedir la expansión del Comando Vermelho por toda esa región de la Zona Oeste”, dijo el comisario Alexandre Cardoso, de la comisaría 34°, en una entrevista con TV Globo.
Las autoridades, agregó el comisario, identificaron que el CV “intenta expandir sus territorios en la región de Campo Grande, Carobinha y Largo do Correia, y en Bangu, en Catiri”. “Verificamos que utilizan diversos dispositivos electrónicos, como drones y cámaras de monitoreo, para vigilar la acción de la policía y también para llevar a cabo ataques”, señaló.
De acuerdo con la Policía Civil, durante el transcurso de la operación los agentes encontraron además una gran cantidad de drogas escondida en una escuela.
“La droga estaba exactamente dentro del colegio. Al lado de ese colegio había una barricada. Había mucha droga, y el colegio estaba en funcionamiento”, reveló Cardoso.
En paralelo, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el martes un proyecto de ley que refuerza el combate al crimen organizado. La propuesta, que ahora debe ser votada en el Senado, prevé penas de hasta 40 años de prisión para delitos cometidos por organizaciones criminales “ultraviolentas”.
El castigo puede aumentar hasta 66 años para los líderes de esos grupos si hay agravantes como, por ejemplo, el reclutamiento de menores. El proyecto obtuvo 370 votos a favor y 110 en contra.
El presidente de la Cámara, Hugo Motta, del bloque conservador conocido como “Centrao”, defendió la aprobación y afirmó que “al ciudadano no le preocupa el número (de votos) ni la autoría del proyecto, sino la solución del problema”.
“Millones de brasileños sufren a diario estar bajo el control de organizaciones criminales”, lamentó Motta.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había enviado el proyecto al Congreso pocos días después del megaoperativo del 28 de octubre. Pero el texto original sufrió cambios y la bancada oficialista votó en contra por considerar que las modificaciones desvirtuaron la propuesta gubernamental.
El proyecto aprobado establece la reclusión obligatoria de líderes de organizaciones criminales en prisiones federales de seguridad máxima y restringe el acceso a beneficios penitenciarios para miembros de facciones.
Además, crea nuevos delitos para la actuación de estos grupos, como el de “Dominio social estructurado”, que se refiere a cuando los criminales ejercen control territorial, restringen la libre circulación y el acceso a servicios. También amplía las medidas de confiscación de bienes vinculados al crimen organizado.
Uno de los principales puntos de discordancia del oficialismo con el texto modificado fue que, a su juicio, el proyecto reduce el poder de la Policía Federal.
La bancada del Partido Liberal, del expresidente Jair Bolsonaro, apoyó el texto pese a que quedó fuera una de sus principales demandas: equiparar las facciones criminales con grupos terroristas, una clasificación que permitiría el uso de armamento más letal contra ellas, entre otras medidas.
Agencia AFP y diario O Globo
