WASHINGTON.- El creciente escándalo en Estados Unidos por la presunta orden de lanzar un segundo ataque contra una “narcolancha” en el Caribe, con el objetivo de eliminar a dos sobrevivientes de una primera acción militar, llegó este jueves al Capitolio. Allí, el alto mando naval a cargo de la operación, el almirante Frank Bradley, intentó despegar de responsabilidades al secretario de Guerra, Pete Hegseth, aunque entre los legisladores persisten serios interrogantes.
En su presentación reservada ante los congresistas, Bradley sostuvo que no existió una orden de “matar a todos” por parte de Hegseth, quien en los últimos días quedó en el centro de la polémica por ese operativo, que —según denuncian algunos legisladores y expertos— podría ser considerado un crimen de guerra. La versión oficial rechazó además los informes de prensa que apuntan a que el secretario de Guerra habría ordenado directamente el ataque para aniquilar a los dos sobrevivientes.
Bradley “fue muy claro al afirmar que no recibió ninguna orden de ese tipo, ni de dar cuartel ni de matarlos a todos”, declaró el senador republicano Tom Cotton (Arkansas), presidente del Comité de Inteligencia del Senado, al salir de la sesión informativa clasificada.
Las imágenes de video del ataque militar estadounidense contra presuntos “narcoterroristas” -en medio de la intensa campaña de presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro– muestran a dos personas en situación de peligro tras el impacto sobre de su embarcación, el 2 de septiembre, declaró el congresista Jim Himes (Connecticut), el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
Himes, que participó del briefing a puertas cerradas de Bradley, describió las imágenes como “una de las cosas más inquietantes” que haya visto en su “carrera pública”. El ataque ha generado una inusual preocupación bipartidista por los alcances de los operativos militares en el Caribe.
Si bien Cotton defendió el ataque, los demócratas que también recibieron información y vieron el video de los sobrevivientes atacados cuestionaron la estrategia del Ejército y dejaron en evidencia su preocupación sobre el asunto.
La reunión en el Capitolio formó parte de una serie de conversaciones con Bradley, comandante de Operaciones Especiales de Estados Unidos que supervisó aquel ataque del 2 de septiembre contra una embarcación procedente de Venezuela con presuntos narcotraficantes. La operación dejó 11 muertos, incluidos los dos sobrevivientes que fallecieron luego en un segundo ataque.
También el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, participó de las reuniones con miembros del Congreso para discutir la campaña en el Caribe y defender la decisión de lanzar el ataque que encendió una tormenta política en Washington.
Aunque Caine, por su alta responsabilidad militar en las fuerzas estadounidenses, ha participado en las decisiones de los ataques, evitó en gran medida las críticas por las operaciones.
En medio de la polémica, esta semana Hegseth recibió un fuerte respaldo del presidente Donald Trump, al afirmar que “Pete no sabía que el segundo ataque involucraba a dos personas“. El jefe del Pentágono también ensayó una defensa de su accionar en una reunión de gabinete, en la que dijo no haber visto “a ningún sobreviviente porque el bote estaba en llamas”. Y añadió: “Eso se llama ‘niebla de guerra’”.
Además, Hegseth tambien defendió el accionar de Bradley. “Tomó la decisión correcta al hundir finalmente el barco y eliminar la amenaza”, afirmó.
“La orden era básicamente destruir las drogas y matar a las 11 personas que iban en el barco”, afirmó Adam Smith (Washington), máximo dirigente demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Smith, que exige una investigación más exhaustiva, dijo que los sobrevivientes eran “básicamente dos personas sin remeras aferradas a la proa de un barco volcado e inutilizable, a la deriva en el agua”.
Cotton afirmó que era “gratificante” que las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaran adelante la batalla a los carteles del narcotráfico, a los que Trump acusa de llevar “veneno” que “mata” a miles de norteamericanos. Otros legisladores, incluidos algunos republicanos, advirtieron, en cambio, que la campaña militar puede vulnerar los límites del derecho internacional que regula los conflictos armados.
Los senadores Roger Wicker (republicano por Mississippi) y Jack Reed (demócrata por Rhode Island), miembros del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, fueron de los primeros legisladores en expresar públicamente su preocupación por los ataques la semana pasada. Ambos evitaron hacer comentarios al salir de la reunión con Bradley este jueves.
Se esperaba que Bradley también informara a los legisladores de alto rango que los sobrevivientes eran un objetivo legítimo porque se creía que su embarcación aún contenía drogas, según un funcionario que habló con la agencia Reuters bajo condición de anonimato.
Como parte de su campaña de presión sobre el régimen chavista, el Ejército norteamericano desplegó más de una docena de buques de guerra y 15.000 efectivos en la región del Caribe, en lo que el Pentágono denominó “Operación Lanza del Sur”.
Desde septiembre pasado, las fuerzas norteamericanas llevaron a cabo 21 ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que murieron por lo menos 83 personas.
El primer medio que reveló la presunta orden militar para eliminar a los dos sobreviviente de un primer ataque el 2 de septiembre había sido The Washington Post. El diario informó que Bradley había ordenado un segundo ataque en cumplimiento de una directiva de Hegseth. El vocero del Pentágono, Sean Parnell, dijo que “toda la historia era falsa”.
Los interrogantes en torno al ataque del 2 de septiembre intensificaron las presiones sobre Hegseth y Bradley. El Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa prohíbe los ataques contra “combatientes inconscientes o náufragos, siempre que se abstengan de participar en hostilidades o no intenten escapar”. El manual cita el disparo contra náufragos como ejemplo de una orden “claramente ilegal” que debe ser rechazada.
