El veto a la ley de financiamiento universitario aceleró los tiempos de la oposición dialoguista que venÃa midiendo, desde la caÃda de la movilidad jubilatoria, el momento para avanzar con una reforma de la ley de DNU. Ahora buscan limitar el uso de este recurso por parte de Javier Milei, luego de la controversia generada por los decretos de necesidad y urgencia firmados para promover la desregulación de la economÃa y otro que habilitó un aumento millonario de los gastos reservados de la nueva SIDE.
Para eso, Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Angel Pichetto, empezó a motorizar un paquete de proyectos que impulsan modificaciones trascendentales en la Ley 26.122, sancionada en 2006, 12 años después de la reforma constitucional en la que se instauró el sistema de DNU. El inicio de la ofensiva contó con el apoyo del kirchnerismo como asà también de la mayorÃa del radicalismo, la Coalición CÃvica, parte de Innovación Federal, la izquierda y bloques provinciales.
Desde La Libertad Avanza admitieron que es necesaria una reforma de la ley sancionada con el aval de Cristina y Néstor Kirchner, pero la realidad es que el oficialismo no tenÃa intenciones de colocar el tema en el centro de la escena. Está claro que la gestión libertaria arrancó con una minorÃa extrema en ambas cámaras del Congreso (hoy tiene 39 diputados y 6 senadores), pero construyó parte de su andamiaje legislativo en el sostén que le brindó el PRO con el aval de Mauricio Macri sumado el apoyo de algunos gobernadores.
Pero la tensiones con los dialoguistas empujaron a Emilio Monzó y Nicolás Massot a adelantar la agenda. Porque en principio, el bloque de Pichetto querÃa tomarse un plazo de unos dÃas para instalar el tema de la reforma de la ley de DNU, pero la intransigencia del Gobierno potenció el encuentro entre los bloques de la oposición, que buscan limitar el uso de los decretos.
Por eso, Encuentro Federal, a través del diputado Oscar Agost Carreño, pidió en la sesión de este miércoles emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que presiden Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (PRO), respectivamente, para tratar un paquete de 20 proyectos, de distintos bloques, que impulsan modificaciones a la ley que regula los DNU. Incluso desde la oposición plantearon recuperar una propuesta que en su etapa como diputada impulsó la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que perdió estado parlamentario.
Entre las modificaciones que se analizan se plantea la posibilidad de que la bicameral de Trámite Legislativo, encargada de tratar los decretos, también pueda dictaminar sobre la modificación de un DNU, algo que no está previsto en la actual legislación. Además se va a exigir a la comisión que en el despacho se pronuncie sobre «la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio».
Otra de las propuestas que están en carpeta y que es impulsada por el senador MartÃn Lousteau plantea que los DNU deben tener la aprobación de ambas Cámaras, en consecuencia puede ser rechazado con el voto negativo del Senado o de Diputados. Esta modificación se repite en varios proyectos y seguramente es uno de los cambios centrales que tiene más consenso en el Congreso.
También hay un punto en común para emplazar a los diputados y senadores a tratar los decretos presidenciales dentro de los 60 dÃas posteriores a la firma del dictamen de la bicameral. En algunos casos se plantea que ante el incumplimiento de ese plazo se dará por rechazada la normativa que tiene carácter de ley mientras esté vigente.
Se mantiene la obligación del Poder Ejecutivo de remitir al Congreso dentro de los 10 dÃas de dictado un decreto de delegación legislativa. Pero lo que se fija en este punto es que una vez ingresado el DNU, el presidente de la Cámara receptora deberá girarlo a la bicameral el primer dÃa hábil. De esta manera se busca evitar cualquier tipo de dilación en el tratamiento de la norma.
Además, otro de los cambios que se propone es que si el jefe de Gabinete no remite dentro de los 10 dÃas el DNU al Congreso, la comisión quedará habilitada para su tratamiento de oficio y los plazos comenzarán a correr desde la publicación en el BoletÃn Oficial. Aunque también hay una propuesta impulsada por el senador radical Pablo Blanco que establece declarar «nulidad absoluta e insanable» si el Ejecutivo no envÃa el decreto en el tiempo establecido.
La comisión, tal como lo fija la actual legislación, tiene un plazo de 10 dÃas hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. Incluso, la bicameral podrá convocar al jefe de ministros para que explique «los alcances y las razones del decreto».
A diferencia de lo ocurre en la actualidad, el proyecto que impulsa Encuentro Federal, precisa que vencido el plazo para que la comisión emita despacho, las Cámaras se abocarán dentro de los 3 dÃas hábiles al expreso e inmediato tratamiento del decreto. También establece que el Congreso deberá aceptar o rechazar la norma con el voto de la mayorÃa absoluta de los miembros presentes y en los casos de los DNU podrán hacer modificaciones que una vez aprobadas, las partes suprimidas del texto del Poder Ejecutivo quedarán derogadas.
La discusión comenzará el miércoles 16 de octubre a las 17; y está agenda una segunda reunión informativa para el 23 de octubre con la intención de dictaminar el 30 de octubre.
