Irán empezó a alimentar nuevas centrifugadoras para «aumentar fuertemente» su ritmo de producción de uranio muy enriquecido, indicó un informe confidencial de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), que dirige el argentino Rafael Grossi.
El documento señala que el cambio en la planta nuclear de Fordo aumentará «mucho la tasa de producción de uranio enriquecido hasta el 60%».
Esta tasa calculada por mes podría ser más de siete veces superior a los 4,7 kg de uranio alcanzados «en el período del informe anterior» y registrados por la agencia nuclear de la ONU.
La AIEA pide a Irán que le proporcione «con carácter de urgencia» garantías «técnicamente creíbles» de que «la instalación no se está utilizando» para «producir uranio a un nivel de enriquecimiento superior al declarado» y de que «no hay desvío de material nuclear declarado».
Irán había anunciado en noviembre la puesta en marcha de una serie de «nuevas centrifugadoras avanzadas», en respuesta a la resolución de la AIEA que criticaba a la República Islámica por falta de cooperación en materia nuclear.
Las centrifugadoras son máquinas que enriquecen uranio transformado en gas, haciéndolo girar a muy alta velocidad, lo que permite el aumento de la proporción de materia isotópica fisible (U-235) para diferentes usos.
Behruz Kamalvandi, portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, había declarado que las nuevas medidas estaban relacionadas con el enriquecimiento de uranio.
«Un mensaje claro»
La decisión iraní de acelerar la producción de uranio enriquecido es un «mensaje claro», reaccionó el jefe de la AIEA, Rafael Grossi.
«Es un mensaje claro en respuesta a lo que ellos (los iraníes) consideran presiones», declaró a AFP en Bahréin, al margen del Foro de Diálogo de Manama.
La decisión de acelerar su producción de uranio cercano al nivel militar se produce después de que la Junta de Gobernadores de la AIEA aprobase en noviembre una resolución de Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos para que el organismo elabore un «informe integral» sobre las actividades nucleares iraníes.
Un técnico trabaja en la planta nuclear de Natanz, en Irán, en una imagen de 2021. Foto: EFE La resolución buscó ejercer presión diplomática sobre la República Islámica tras el fracaso del acuerdo nuclear de 2015, que establecía importantes limitaciones al desarrollo nuclear iraní a cambio de alivio en las sanciones internacionales, sobre todo económicas.
Irán defiende el derecho a la energía nuclear con fines civiles, pero niega que busque desarrollar el arma atómica, aunque su programa nuclear no hace más que crecer.
El TNP obliga a los Estados signatarios a declarar y poner sus materias nucleares bajo el control de la AIEA.
En 2015, Irán y las potencias mundiales firmaron un acuerdo que preveía un alivio de las sanciones internacionales a Teherán a cambio de garantías de no desarrollar un arma nuclear.
Pero Estados Unidos se retiró del acuerdo en 2018, bajo la presidencia de Donald Trump, y restableció fuertes sanciones contra Teherán.
Como represalia, Irán aumentó mucho sus reservas de materiales enriquecidos y elevó el umbral al 60%, cerca del 90% necesario para fabricar un arma atómica y lejos del 3,67% establecido por el acuerdo.