GINEBRA.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela presentó este martes un informe de 158 páginas, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y en el que acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”, en referencia al día de las elecciones, que según el chavismo ganó Maduro, pero que fueron denunciadas por fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral (CNE), que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”; la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, o el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.
Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento, que amplía otro informe presentado el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, destaca que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa” en el periodo electoral, abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.
En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”, indicó.
La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que, en los 10 meses anteriores a las elecciones, por lo menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el régimen, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
Ese tipo de campañas “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”, señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”, con un número de arrestos, que pudieron contarse por miles, “sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019″.
Los dos generales que llevaban una década a cargo de los servicios de inteligencia en Venezuela, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos, fueron removidos por Maduro.
Iván Hernández Dala, quien estaba al frente de la Dgcim y la Guardia de Honor Presidencial fue sustituido por el mayor general Javier Marcano Tábata, y Gustavo González López, jefe del Sebin, cedió el puesto al mayor general Alexis Rodríguez Cabello. En los movimientos de los altos mando militares el presidente ratificó a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por segunda vez desde las elecciones del pasado 28 de julio.
“Ordené hacer cambios en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, dijo Maduro en un mensaje en Telegram que acompañó con un video durante una visita a la Academia Militar donde informó de los nombramientos. “Estos cambios vienen a fortalecer la cohesión, la organización, la disciplina, y la capacidad de Venezuela para defenderse”, dijo.
Los jefes de inteligencia que fueron removidos han sido señalados en los informes de la Misión de Determinación de Hechos que Naciones Unidas mantiene en Venezuela hace cinco años como parte del aparato represivo del régimen en denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y tratos degradantes contra opositores detenidos. Ambos tienen sanciones de Estados Unidos: González López desde 2015 y Hernández Dala desde 2019.
Rodríguez Cabello, quién egresó de la Academia Militar de Venezuela en 1987 y pasó a retiro en 2020, fue nombrado el año pasado por el mandatario venezolano como autoridad única de la Guayana Esequiba y previamente había sido designado vicepresidente de la junta interventora de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), luego de un escándalo de corrupción en la CVG y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Además, fue diputado a la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista por el estado Bolívar; presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, y enlace del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para el estado Bolívar. Entre 2019 y 2020 ocupó el cargo de comandante general del Ejército de Venezuela. Y anteriormente, de 2017 a 2019, fue comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital (REDI Capital). El nuevo jefe del Sebin es primo del ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo, de acuerdo con varios medios.
En tanto, Tábata era el comandante general de la Milicia Bolivariana y anteriormente estuvo a cargo de REDI Capital. Entre 2016 y 2019 fue comandante de la Unidad Especial de Seguridad y Protección a Personalidades del Estado de la Guardia de Honor Presidencial.
Agencias AFP, AP y Reuters, y diario El Nacional/GDA
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