La memoria nunca fue un territorio inocente. Es selectiva, incómoda y, sobre todo, profundamente humana. Pretender que sea completa es una ilusión; intentar que sea oficial, una tentación peligrosa.
Cada época construye su propio relato del pasado. Lo hace con documentos, testimonios, silencios y, también, con intereses. Pero cuando el Estado decide intervenir para fijar una versión única de la historia, deja de ser un actor institucional para convertirse en un editor ideológico.
El problema no es la memoria incompleta. El problema es la memoria dirigida.
En la Argentina, el debate sobre lo ocurrido en los años 70 sigue atravesado por tensiones políticas, morales y culturales. No hay consenso pleno, ni lo habrá. Y probablemente sea sano que así sea. Porque la historia no es un dogma: es una discusión permanente.
Sin embargo, cada vez que un gobierno intenta definir qué debe recordarse, cómo debe interpretarse y qué queda fuera del relato, se corre un límite delicado. No se trata ya de promover memoria, sino de administrar verdad.
Y la verdad administrada tiene un problema estructural: pierde credibilidad.
Los Estados pueden —y deben— garantizar justicia, preservar archivos, facilitar el acceso a la información. Pero no deberían arrogarse el derecho de clausurar el debate histórico. Cuando lo hacen, reemplazan la búsqueda de verdad por una narrativa conveniente.
El riesgo no es menor. Una sociedad que acepta versiones oficiales de su pasado sin discusión empieza a debilitar su espíritu crítico. Y sin espíritu crítico, la democracia se vuelve una cáscara formal.
La memoria, por definición, es incompleta. Está hecha de fragmentos, de disputas, de revisiones constantes. Pretender ordenarla desde el poder es desconocer su naturaleza.
Peor aún: es subestimar a la sociedad.
Porque la verdad no se decreta. Se construye. Con conflicto, con evidencia, con debate. Y, sobre todo, con libertad.
