En San Juan hay una ley minera que prometía ser un golazo… pero hoy está en modo estatua. Fue anunciada con bombos, platillos y hasta trompetas celestiales a fines de 2025, pero todavía no llega ni a la puerta de la Legislatura. Está en una especie de limbo político: ni viva ni muerta, como expediente municipal un viernes a las 12:59.
La criatura en cuestión busca que las mineras contraten proveedores locales y empleo sanjuanino. Hasta ahí, todo muy bien, realmente. El problema aparece cuando llega la pregunta incómoda: ¿Qué es “local”?, porque en la primera ola minera hubo empresas “sanjuaninas” tan auténticas como un Rolex comprado en la peatonal, se instalaban, facturaban, y cuando terminaba el negocio, desaparecían más rápido que promesa de campaña.
El proyecto se frenó por un detalle mínimo, apenas una cosita, el artículo clave. Sí, ese que define premios, sanciones, controles y cómo medir si las mineras cumplen. O sea, lo más importante de toda la ley. Sin eso, el texto queda como dieta sin hambre, una linda idea, pero imposible de aplicar. El sector libertario de Peluc mira el proyecto como quien ve un impuesto nuevo, es decir con sospecha, alergia y ganas de salir corriendo. Temen que la ley mande un mensaje contradictorio, porque mientras el país intenta seducir inversores con el RIGI y promesas de libertad económica, los libertarios dicen que aparece el proyecto de una norma que podría sonar a “contrate acá o aténgase a las consecuencias”.
Para ellos, eso sería como invitar capitales extranjeros… pero recibirlos con un formulario de 37 páginas y la foto de Guillermo Moreno. Además, hay un fantasma jurídico dando vueltas: un fallo que ya le dijo a San Juan que no podía discriminar empresas de otras provincias con cargas impositivas. Si la ley obliga demasiado a contratar proveedores locales, podría terminar estampada contra una pared judicial, y nadie quiere que un proyecto termine en la Corte más rápido que expediente de corrupción. Mientras tanto, los proveedores mineros locales están desesperados: dicen que competir con firmas chilenas es como jugar al fútbol con el Barcelona… usando ojotas, la presión tributaria los deja en clara desventaja, y por eso piden que la ley salga ya.
Hoy la ley está frenada porque nadie se anima a definir el punto clave, ¿habrá obligación mínima de contratar locales?, ¿o cada empresa pondrá sus propias metas y listo? Es decir el clásico dilema político argentino, regular sin regular, exigir sin exigir, controlar sin molestar. El proyecto de «Ley de Proveedores Mineros» hoy esta en una etapa de indecisión. Fue anunciada con épica, se frenó por detalles, divide a empresarios, Incomoda a los libertarios de San Juan, y todavía no existe en la práctica.
