Mientras el Gobierno nuevamente advirtió que no se correrá un centímetro en su estrategia para controlar la protesta social al ratificar que en caso de haber acciones violentas durante la marcha de este miércoles «se utilizará una represión de acuerdo a los cánones legales», un juzgado porteño anunció que enviará funcionarios judiciales para «observar presencialmente» el normal cumplimiento del protocolo antipiquetes.
Tras los violentos incidentes de la semana pasada, que terminaron con varios heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, se espera que este miércoles 19 haya una mayor convocatoria a la marcha de los jubilados: se congregarán columnas de las dos CTA, la comandada por Hugo Yasky y «Cachorro» Godoy, de las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP, y también participarán algunos sindicatos referenciados en el kirchnerismo y agrupaciones de izquierda, como el Polo Obrero.
A diferencia de lo ocurrido el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso, en esta ocasión no estarían convocando a la protesta barras de distintos clubes de fútbol. Este lunes la ministra Patricia Bullrich, en conferencia de prensa en Casa Rosada, presentó un proyecto de ley «Antibarras» y destacó la resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 11, que no dio lugar al amparo presentado por el CELS para suspender la aplicación del protocolo antipiquetes.
Pero el juez federal Martín Cormick anunció que “ante la proximidad de la marcha convocada para el miércoles 19/03/25, que genera en los solicitantes la incertidumbre acerca de que los hechos ya acontecidos puedan volver a repetirse”, el tribunal “observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho o acto que resulte procedente para resolver” el plateo de inconstitucionalidad del protocolo ideado por Bullrich.
El CELS había reclamado la suspensión del referido plan y que también se ordene al ministerio de Seguridad que respete y garantice el derecho a la vida, integridad personal, la salud y la libertad de expresión «de quienes participen de protestas, transiten por las zonas en donde se lleva a cabo una protesta o desempeñen su labor periodística para brindar cobertura a dichos eventos».
Ante una consulta de la prensa acreditada, la ministra dijo que «me parece perfecto que el juez esté presente durante la marcha» y defendió nuevamente el accionar del gendarme acusado de haber disparado el gas lacrimógeno que terminó impactando el reportero, internado en grave estado en el Hospital Ramos Mejía.
Por la mañana había sido el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el que salió a sentar posición sobre el tema al advertir que si durante la marcha «se agregan agentes violentos que lo que pretenden es desestabilizar al Gobierno, serán reprimidos por las fuerzas del orden» y que ese accionar «está absolutamente establecido, reglamentado. No hay una utilización fuera de lo que son los cánones normales de reprimir una manifestación violenta». Por último´, destacó que el «caso de Grillo no fue deseado» y lo catalogó como «un accidente».
Las centrales gremiales estatales, que convocan a sus militantes desde las 16 del miércoles en la esquina de Rivadavia y Montevideo, llaman a movilizar «con la celeste y blanca» -al hacer referencia a la camiseta de la Selección- para así acompañar a las organizaciones de jubilados que reclaman un haber digno que les permita solventar la canasta básica.