El juez federal Sebastián Ramos pidió la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, de su hombre fuerte en el régimen Diosdado Cabello y de otros funcionarios de su país. El magistrado también solicitó a Interpol que recabe los datos filiatorios de todos ellos para ordenar la captura internacional.
La orden busca que Maduro y sus funcionarios sean detenidos y extraditados a la Argentina para ser indagados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra ciudadanos en Venezuela.
La decisión de Ramos se produce luego de que así se lo ordenaran los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, de la Sala I de la Cámara Federal porteña por pedido a su vez de los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe.
Ramos, a cargo del juzgado federal 2 en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, librará el oficio a Interpol para que se aprueben las alertas rojas que permitirían detenerlos cuando viajen por países que son parte de la policía internacional para que sean enviados a la Argentina en un proceso de extradición.
Ello no significa que Maduro, Cabello y los otros funcionarios serán detenidos en lo inmediato: ello podrá realizarse una vez que Interpol lo apruebe. En lo que hace a Maduro es un tema sensible: como ejemplo, se puede citar que cuando la Argentina pidió la alerta roja al ex presidente de Irán, Akbar Rafsanjani -ya fallecido- por la causa de Amia, no se la impusieron porque un ex jefe de Estado.
Sin embargo, los movimientos de Maduro se pueden ver afectados por precaución. En la práctica, Maduro y compañía sólo se sentirían cómodos viajando a países afines como China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia o Irán.
La orden de Ramos abarca a más de treinta miembros de las fuerzas armadas, las de seguridad y de los servicios de inteligencia del chavismo cuyos nombres aún no trascendieron. Sus nombres todavía no han sido suministrados, están en elaboración por solicitud de la Cámara.
Los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia emitieron su resolución del lunes al comprobar un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos- desde el año 2014 hasta el presente.
El régimen de Maduro, por el contrario, reaccionó ligando al presidente Javier Milei con el fallo de la Justicia argentina.
Mientras Maduro dijo este martes que Milei sufría de «esquizofrenia sádica» y de «sociopatía» y que está «al frente de la internacional fascista que amenaza a Venezuela», el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, consideró al presidente argentino un “desequilibrado mental”.
Willian Saab relacionó la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña y la orden de Ramos con la decisión de la dictadura de Maduro de pedir la semana pasada la detención de Milei, su hermana Karina y la ministra Patricia Bullrich (Seguridad) por haber decomisado el avión de Emtrasur Cargo a Venezuela, en febrero pasado, y por habérselo enviado a la justicia de Estados Unidos que pidió su embargo.
El régimen de Maduro dijo haberle pedido a Interpol las capturas internacionales de Milei, su hermana y la Ministra -lo que en realidad no se ha confirmado- y emitió un comunicado en el que tildó de «burda reacción de retaliación, instruida por el Sr Javier Milei, basada en la corriente internacional del ´Lawfare, que busca socavar la soberanía de los países y deslegitimar procesos constitucionales democráticos y populares»,
«Esta ridícula decisión busca apuntalar la progresiva destrucción del Estado de Derecho Internacional, pretendiendo subrogarse en las competencias de los organismos multilaterales, disminuyendo su papel, afectando seriamente todo el sistema internacional», subrayó el comunicado de Maduro y luego consideró el caso -sin nombrar a los jueces- como «desfachatado simulacro».
