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Diario Plural San Juan > Nacionales > La Justicia desactivó la polémica movida de Roberto Gallardo y permite que las fuerzas federales actúen en protestas frente al Congreso
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La Justicia desactivó la polémica movida de Roberto Gallardo y permite que las fuerzas federales actúen en protestas frente al Congreso

Última actualización: 8 de abril de 2025 11:48 pm
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La Justicia invalidó este martes la medida de amparo que había dado lugar el juez Roberto Gallardo con el objetivo de que se ordene que las fuerzas federales de Seguridad se abstengan de intervenir en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, la marcha de mañana al Congreso tendrá a agentes de las diferentes fuerzas que maneja la ministra Patricia Bullrich.

El polémico juez Gallardo, al frente del Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había hecho lugar al amparo interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

La acción incluía como objetivo que las medidas cautelares urgentes abarquen “intimar al GCBA a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización” del miércoles, un día antes del paro general. Esto implicaba que solo podía intervenir la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Como contrapartida, los jueces Fabiana Schafrik y Pablo Mántaras de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, fallaron en contra de lo que pretendía Gallardo de limitar la participación de las fuerzas federales del operativo de seguridad para la nueva marcha al Congreso, de la formará parte la CGT.

Entre los motivos del pedido, la CGT, la UTEP y la UEJN habían citado la marcha del 12 de marzo en la que, según plantearon, «se habrían verificado hechos de represión” y en la que, según las organizaciones, las fuerzas federales obraron “sin contar con una autorización para ello”.

Gallardo consideró además que, para quienes participen de la marcha, existía un riesgo de «lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA» , y que ese riesgo está fundamentado «en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros».

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, tuvo fuertes críticas hacia el desempeño del juez Gallardo por cuestionar el accionar de las fuerzas que ella maneja en las últimas protestas.

«Mi respuesta es que él (Gallardo) no puede actuar pasando su jurisdicción y decidiendo sobre temas federales. Es un juez de la Ciudad. Un juez contravencional de la Ciudad no puede tomar determinaciones de este tipo que involucran a la Ciudad en tanto Capital de todos los argentinos y en tanto asiento del Gobierno nacional», sostuvo Bullrich por Radio Mitre.

Antes de que saliera la invalidez del amparo presentado por Gallardo, Bullrich había avisado que «de ninguna manera» las fuerzas federales iban a dejar de lado el operativo de seguridad.

Los cuestionamientos de Bullrich a Gallardo se dieron tras denunciarlo el ministerio que conduce por “mal desempeño”.

El Gobierno de la Ciudad celebró el fallo que invalida la movida del juez Gallardo

Desde el Gobierno que conduce Jorge Macri celebraron la medida tomada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC) al rechazar in limine un amparo presentado por representantes de la CGT, UTEP y otras organizaciones sociales, que buscaban impedir la intervención de fuerzas federales en manifestaciones dentro del ámbito porteño.

«Al analizar la cuestión, la Cámara sostuvo que el fuero local carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la actuación de fuerzas federales o sobre la aplicación de normas de alcance nacional, como la Ley de Seguridad Interior y sus reglamentos».

Y finalizó: «Con este fallo, la Cámara le dio la razón al Gobierno de la Ciudad, al considerar que no existía una omisión comprobable por parte del Ejecutivo local en sus deberes de seguridad, y que la pretensión de los amparistas excedía la competencia del tribunal. Se dejó abierta la posibilidad de que los actores reformulen su planteo ante la justicia federal».

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