La Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos aprobó esta semana el proyecto de Resolución 30.182 que busca bloquear una resolución de la justicia para que de a conocer los contratos y subsidios de esa legislatura pedidos de la ONG Entre Ríos sin corrupción.
El objetivo de ese proyecto “es detener la aplicación de la resolución unánime del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que la Legislatura dé a conocer la integración de las plantas permanentes, todos los contratados y los subsidios otorgados”, dijeron fuentes de esa ONG.
Se trata de otro cercenamiento al acceso a la información pública, luego de que el presidente Javier Milei limitar la ley nacional de ese tema.
Por investigar esos contratos truchos y al ex gobernador K Sergio Urribarri, condenado a 8 años de prisión, fue destituida en un jury la ex fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, quien tiene pendiente una queja en la Corte Suprema de Justicia por su caso.
Durante la sesión, el senador por el departamento Uruguay, Martín Oliva (PJ) pidió el ingreso del texto que no estaba previsto. Fue votado por unanimidad. De inmediato, Oliva solicitó su tratamiento sobre tablas. También fue aprobado por unanimidad. Y, posteriormente, requirió la aprobación del proyecto de resolución, sin decir una sola palabra acerca de su contenido, informó la revista Análisis de Daniel Enz.
Esa resolución del Senado puede llegar a plantear un conflicto de poderes. Si la Legislatura no brinda la información requerida por la ONG, la vicegobernadora estaría ante una desobediencia judicial. Hay antecedentes de situaciones comparables en Entre Ríos.
El pedido de la ONG tiene que ver con reconstruir un mecanismo desde los últimos años hasta la actualidad, aplicado de manera constante en las dos cámaras legislativas, busca desnudar una forma o el mecanismo desarrollado por la Legislatura provincial que empaña el manejo de recursos públicos.
