BOGOTÁ.- La justicia de Colombia ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se encontraba bajo prisión domiciliaria en una hacienda de su propiedad en el noroeste del país cafetero, tras ser condenado a 12 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno.
La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia en el proceso, mientras se resuelve la apelación presentada por la defensa de Uribe contra la condena dictada el pasado 1 de agosto por la jueza 44 de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. Además de la prisión domiciliaria, Uribe fue condenado a una inhabilitación por más ocho años y al pago de una multa de más de 830.000 dólares.
El tribunal revocó la orden de prisión domiciliaria y amparó el derecho fundamental a la libertad individual del exmandatario, de 73 años, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y es fundador del partido derechista Centro Democrático, actualmente opositor al Gobierno de Gustavo Petro.
La decisión del tribunal se produce luego de que la defensa de Uribe cuestionara el fallo inicial, alegando errores de hecho y de derecho, apreciaciones “notoriamente sesgadas” y “vicios insubsanables”.
La condena original convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano en ser sentenciado en la historia del país por manipulación de testigos. Durante el juicio y la apelación, Uribe se declaró inocente y calificó la decisión de la juez Heredia como un “fallo político”. La resolución del Tribunal Superior aún mantiene abierta la revisión de la sentencia de 12 años, que deberá definirse en las próximas semanas.
El proceso judicial comenzó en 2012 cuando el senador de izquierda Iván Cepeda denunció en el Congreso los presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares. El expresidente siempre negó estos lazos y decidió demandar a Cepeda por difamación.
La Corte Suprema cerró en 2018 el caso contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió uno contra Uribe para investigar si el expresidente estaba intentando manipular testigos para que declararan a su favor. La corte concluyó que Uribe presionó a testigos a través de terceros, lo que fundamentó la condena por fraude procesal y soborno.
Álvaro Uribe fue una figura clave en la historia reciente de Colombia: durante su gobierno lideró una ofensiva militar que debilitó a la guerrilla izquierdista en un conflicto de más de seis décadas con más de 450.000 muertos y promovió la extradición de jefes paramilitares a Estados Unidos. Los grupos paramilitares, surgidos en los años 80 para proteger a ganaderos y comerciantes, fueron responsables de al menos 205.000 homicidios.
Uribe ya había permanecido bajo arresto domiciliario en 2020 durante dos meses, luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara que existía riesgo de obstrucción a la justicia. En esa ocasión, renunció a su banca en el Senado para trasladar el proceso a la fiscalía, argumentando falta de garantías en la corte. Durante el juicio, el exmandatario defendió su gestión recordando la extradición de jefes paramilitares y subrayando que su gobierno había debilitado a la guerrilla, contribuyendo a la reducción de los índices de violencia en varias regiones del país.
La liberación de Uribe también genera un debate político intenso en Colombia. Sus partidarios destacan sus logros en seguridad y su rol en la desmovilización de grupos ilegales, mientras sus críticos señalan que la condena, aunque en apelación, evidencia una larga tradición de impunidad y la necesidad de que los líderes políticos respondan por presuntas manipulaciones judiciales.
Analistas políticos coinciden en que el fallo marca un precedente inédito en la justicia colombiana, ya que por primera vez un expresidente enfrenta una sentencia firme por delitos relacionados con la manipulación de testigos. La decisión también podría repercutir en la dinámica del partido Centro Democrático y en la política de oposición frente al Gobierno de Petro, así como en la percepción internacional de Colombia respecto a la independencia judicial y el respeto a los derechos fundamentales.
Agencias AFP, AP y Reuters
