La Justicia argentina emitió una orden de arresto internacional contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su vice y esposa Rosario Murillo y otros altos funcionarios nicaragüenses, acusados de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
La medida del juez Airel Lijo se justifica sobre la base del principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos juzgar hechos graves independientemente de dónde se cometieron. Fue propuesta por el abogado Darío Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires.
Richarte celebró en su cuenta de X que Lijo resolviera citar a Ortega y Murillo para prestar declaración indagatoria y emitiera una orden de detención con pedido de captura internacional. Las medidas también se extienden a “alrededor de una docena de otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.
“Un poco de luz entre tanta oscuridad! Un poco de justicia para tantas víctimas!”, afirmó el abogado y profesor de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional.
Los delitos por los que Ortega y Murillo son investigados incluyen asesinato, privación de la libertad y desaparición forzada de personas a partir de los testimonios presentados por víctimas que han declarado de forma anónima.
Los nombres de colaboradores del mandatario que también fueron afectados no fueron revelados por el abogado.
Daniel Ortega, secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional, gobernó Nicaragua entre 1985 y 1990 y regresó a la presidencia en 2007.
El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y a Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.
La reforma amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y confirmó el poder que ya tenía Murillo, quien pasó entonces de vicepresidenta a “copresidenta”.
El texto concede además un poder total al Ejecutivo pues establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que antes la Constitución reconocía como independientes.
Entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, la Justicia de Nicaragua privó de la nacionalidad a más de 400 opositores al gobierno de Ortega, muchos de ellos políticos presos luego deportados y otros previamente exiliados.
De acuerdo con la resolución del juez Lijo, en Nicaragua se puso en marcha en 2018 un plan sistemático de represión contra la población que se valió de “la estructura del aparato estatal” y cuyo objetivo era la persecución de los sectores políticos disidentes.
El juez Lijo abrió una investigación en 2022 a Ortega y su esposa a instancias de la denuncia presentada por abogados y del pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que la Justicia federal argentina estaba facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país ya que la Constitución nacional reconoce el principio de jurisdicción universal.
En el pasado la Justicia argentina ha hecho algo similar al abrir una causa por delitos denunciados en un periodo que abarca la Guerra Civil española (1936-1939), el régimen de Francisco Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador en 1975 y la celebración de las primeras elecciones democráticas.
Agencias AFP, AP y ANSA
