En el marco de la causa por presuntos hechos de corrupción en 45 contratos de seguros tomados por organismos públicos, la Cámara Federal de Casación Penal analizará la decisión de su instancia inferior, la Cámara Federal porteña, que ordenó levantar la inhibición general de bienes a Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa y a otros empresarios imputados en el expediente que investiga las pólizas tomadas con Nación Seguros con la participación de intermediarios.
La Sala IV de la Casación Penal integrada por Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, hizo lugar a la queja del Ministerio Público Fiscal, que se había opuesto a la decisión de levantar la inhibición general de bienes que se había ordenado sobre el ex presidente de la Nación.
El máximo tribunal penal consideró pertinente el reclamo y decidió revisar si corresponde, o no, el levantamiento de la inhibición general de bienes que dispuso la Cámara Federal de Apelaciones.
La inhibición había sido adoptada por el juez federal Julián Ercolini, que instruye la causa donde Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, María Cantero y otro grupo de empresarios y ex funcionarios están siendo investigados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles. No se descarta que luego de una eventual indagatoria los acusados respondan por la presunta conformación de una asociación ilícita.
Cuando avanzó con los primeros allanamientos, tras la imputación del fiscal, el juez había ordenado la inhibición general de bienes de Alberto Fernández, de su amigo el broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa, la ex secretaria del jefe de Estado María Marta Cantero y el broker Pablo Torres García, entre otra decena de empresarios y empresas vinculadas a diversas aseguradoras.
Sin embargo, esas medidas cautelares fueron apeladas y cuando el caso llegó a la Cámara Federal porteña los jueces levantaron la inhibición.
El juez del caso buscaba impedir que los acusados dispusieran de su patrimonio y eventualmente respondieran económicamente por los hechos por los que son investigados.
Ante el fallo de la Cámara de Apelaciones, el Fiscal de Cámara presentó un recurso de casación y ante su denegación acudió en queja a la Cámara Federal de Casación.
El máximo tribunal penal resolvió hacer lugar a la queja del fiscal, y ahora analizará si fue correcto o no el levantamiento de las inhibiciones generales de bienes.
Antes de resolver sobre el fondo, la Cámara de Casación deberá fijar una audiencia en la que escuchará tanto la pretensión del fiscal como las de defensas de los acusados.
El entramado sobre los contratos de seguros que organismos del Estado tuvieron que firmar, de forma exclusiva, con Nación Seguros por imposición del Decreto 823/2021 de Alberto Fernández, busca determinar si hubo un millonario perjuicio contra el Estado, como así también un entramado de contrataciones que benefició a unos pocos.
Uno de los primeros informes que recibió el juzgado fue una extensa auditoría que detalla, como reveló Clarín, 45 contrataciones en las que participaron brokers. El juez del caso busca desentrañar el circuito que terminó favoreciendo, en primera instancia, a cinco compañías sobre un conjunto de 25 que conforman el listado bajo análisis.
Durante toda la presidencia de Alberto Fernández en concepto de comisiones a los intermediarios que participaron en las contrataciones bajo estudio, se abonaron un total de 3.453.302.77 pesos. Al tipo de cambio oficial, eso arroja unos 17 millones de dólares.
