La falta de mantenimiento, el desvío de fondos y los efectos de las lluvias extremas dejaron al desnudo una red vial devastada en la provincia de Buenos Aires: productores aislados, obras paralizadas y una ley que pide a gritos una reforma.
“Los caminos rurales no son solo para sacar una jaula de hacienda o un camión de cereal; son parte del desarrollo del interior productivo”, sostuvo a LA NACION Roberto Cittadini, coordinador de la Comisión de Servicios de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
Desde su rol y experiencia como productor agropecuario de la zona de Pigué denunció una situación que ya se volvió insostenible: el estado de abandono de la red vial bonaerense.
Cittadini describió una realidad que combina desidia oficial, falta de planificación y fenómenos climáticos extremos. “Hoy, los intendentes cobran una tasa vial como contraprestación de un servicio que, en la mayoría de los casos, no prestan. Esa plata se deriva a otros destinos y que lleva a un deterioro”, advirtió.
En números, el diagnóstico es contundente: la provincia cuenta con 105.000 kilómetros de caminos rurales, de los cuales 25.000 son provinciales que, aunque dependen de los municipios, no reciben el tratamiento necesario. “Son rutas de tierra que unen localidades, caminos reales, y están completamente deteriorados”, explicó.
La situación se agrava cuando el clima no da tregua. Para la región de Bahía Blanca y zonas aledañas, Cittadini contó que ya pasaron más de dos meses de emergencia climática. “Tenemos rutas nacionales cortadas, tramos de tierra en la 33, la ruta 3 con problemas, puentes destruidos y caminos provinciales intransitables. Todo esto deja al descubierto la fragilidad del sistema y la falta de infraestructura generalizada”, sostuvo.
El referente de Carbap mencionó que muchos productores quedaron aislados tras las últimas tormentas. “No es fácil, hay necesidades urgentes. Muchos tuvieron que dejar el cereal en silobolsa por los problemas logísticos. Ahora hay que ver si la calidad se mantiene o si habrá pérdidas”, agregó.
Uno de los reclamos más firmes apunta a la paralización de obras clave, como el tramo 4, sección 2 del dragado del río Salado. “Esa obra es trascendental, de vital importancia, así lo dijo el Consejo asesor. Y está financiada por todos los contribuyentes a través del fondo hídrico nacional y el impuesto a los combustibles. Su detención provocó inundaciones en distritos del norte. Necesitamos que se retome de forma urgente”, exigió.
Pero el problema no se agota ahí. Cittadini consideró fundamental modificar la Ley 13.010, que regula cómo se distribuyen los recursos del impuesto inmobiliario rural para los caminos rurales provinciales. “Hay que pegarle una refrescada. Proponemos aumentar la coparticipación — hoy en 12,5%— y crear un ente auditor que monitoree mensualmente los fondos y sancione a los intendentes que no presenten planes de trabajo”, detalló.
Además, denunció la falta de voluntad política. “Hace años que la red vial está abandonada por muchos intendentes, pero también son responsables los concejales al aprobar presupuestos y rendiciones de cuentas. Es necesario que se involucren de verdad”, remarcó.
Para Cittadini, los caminos rurales son una herramienta básica para sostener y potenciar la actividad agropecuaria, pero también son vitales para otras áreas. “Hay turismo rural, educación, salud, capacitación. Es una red que conecta y sostiene la vida en el interior”, insistió.
Frente a esta situación, planteó un llamado a la acción colectiva. “Instamos a todos los poderes del Estado a dejar de lado las mezquindades políticas y aunar criterios. Se necesita planificación y gestión, porque el panorama es muy complicado y va a costar años revertirlo”, admitió.
El impacto económico no es menor. “El campo invierte todos los años, en silencio, entre 14.000 y 16.000 millones de dólares. Si sumamos las economías regionales, llegamos a US$24.000 millones. Y aún así sufrimos una presión fiscal enorme y caminos que nos impiden mover la producción”, denunció.
Cittadini también cuestionó el rol del Estado frente al aporte del agro. “Somos los mayores proveedores de dólares del país y tributamos todos los impuestos posibles. Pero con las retenciones, además, nos extraen recursos que nunca vuelven en forma de servicios”, subrayó.
Para cerrar, dejó una potente reflexión: “Muchas veces nos sentimos ciudadanos netamente de segunda, sin servicios, sin planificación, sin visión. Y eso es lo que más duele, porque el interior productivo también quiere crecer, pero necesita caminos para hacerlo”.
