BRASILIA.- Una diputada bolsonarista quedó esta semana en el ojo de la tormenta tras escapar de Brasil luego de ser condenada a diez años de cárcel por espionaje informático, en un caso lleno de giros con ribetes de serie de suspenso.
Carla Zambelli, del Partido Liberal, del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, fue condenada en mayo pasado junto con el hacker Walter Delgatti por piratería informática y falsedad ideológica, acusados de hackear el sistema del Consejo Nacional de Justicia (CNJ).
El hacker admitió el delito, pero dijo haber actuado bajo órdenes de Zambelli. La diputada sostuvo que el hacker fue el único responsable, y que intentó culparla.
Los acontecimientos se precipitaron desde mediados de semana, tras el anuncio de la legisladora de que había salido del país para -según dijo- “resistir”, a lo cual el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), respondió ordenando la prisión preventiva.
“Estoy fuera de Brasil hace ya unos días”, pero “quiero dejar claro que no es abandonar el país ni desistir de mi lucha, sino que es resistir” y enfrentar “las amarras que esta dictadura impuso”, dijo la diputada bolsonarista durante una entrevista con el portal AuriVerde.
Zambelli, una de las voces más radicales de la ultraderecha brasileña, se dijo perseguida por lo que calificó de “dictadura judicial”, que la condenó, según ella, sin prueba alguna.
“No robé, no violé, no maté”, declaró la diputada, tratando de minimizar el delito y adoptando el papel de víctima. Fue declarada culpable de encomendar una invasión al sistema informático del Poder Judicial ocurrido en el marco del proceso electoral de 2022, en el que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, se impuso a Bolsonaro.
La sentencia sostuvo que el ataque informático fue planificado por Zambelli en el marco una fuerte campaña que el bolsonarismo impulsó en 2022 con el fin de desacreditar el sistema de votación electrónico usado en Brasil.
Consumada su fuga del país, la diputada fue incluida el jueves en la lista roja de Interpol, lo que la convirtió en una persona buscada en 196 países. Ese mismo día, se informó que había llegado a Italia.
La escalada continuó el viernes, cuando la Primera Sala del STF rechazó por unanimidad el recurso de apelación de Zambelli contra su condena. Con esto, se cerró la causa penal y Moraes ordenó su prisión definitiva y la del hacker, condenado a ocho años y tres meses de prisión. Delgatti ya se encontraba en prisión preventiva.
Este sábado Moraes ordenó al Ministerio de Justicia formalizar la solicitud de extradición de Zambelli. También ordenó la comunicación inmediata al presidente de la Cámara sobre la destitución de la legisladora prófuga.
Según CNN Brasil, la policía federal, con el apoyo de Interpol y colegas italianos, planeaba arrestar a la mujer en el aeropuerto de Fiumicino, pero la orden llegó demasiado tarde, luego de que la diputada hubiera pasado los controles de aduanas y migraciones.
Sin embargo, si la policía italiana la detuviera, la extradición a Brasil no sería automática, especialmente porque también tiene ciudadanía italiana.
El caso se convirtió en un problema internacional para el gobierno italiano de Georgia Meloni. La oposición lanzó una serie de críticas y pidió explicaciones el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.
“Italia debe activar todos los procedimientos ya previstos en el acuerdo con Brasil para la extradición. La doble nacionalidad no es sinónimo de impunidad y no puede utilizarse para eludir la ley del propio país. Existen varios precedentes que lo confirman», dijo Fabio Porta, del Partido Democrático.
“¿Cómo es posible que desconozcamos en qué ciudad italiana se encuentra detenida la diputada brasileña, condenada a diez años por la Justicia de su país, y de cuya situación, incluido su deseo de viajar a Italia, el Ministerio del Interior tenía conocimiento desde hacía varios días?”, dijo por su parte Angelo Bonelli, de la Alianza Verdes e Izquierda.
Agencia ANSA y diario O Globo/GDA