BRASILIA.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) quedó al filo de una condena a prisión.
La Fiscalía General de Brasil pidió anoche al Supremo Tribunal Federal (STF) que condene a Bolsonaro por ser el “principal articulador” de un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder luego de la derrota en las elecciones de 2022, en las alegaciones finales del proceso que se desarrolla en la Corte.
El procurador general, Paulo Gonet, afirmó que el expresidente habría sido el “mayor beneficiario” y autor de los “actos más graves” inclinados a romper el Estado democrático de derecho, tras el triunfo electoral del presidente Lula da Silva.
“En el ejercicio del cargo más elevado de la República, instrumentó el aparato estatal y operó, de forma dolosa, un esquema de constante ataque a las instituciones públicas y al proceso de sucesión”, afirmó Gonet, en un documento de más de 500 páginas, en la cual también pidió condenas para otros siete presos implicados en el proceso.
Las alegaciones finales forman parte del último tramo del proceso previo al juicio, que se prevé sea llamado para septiembre.
El proceso contra Bolsonaro y otros siete acusados es el primero de los cinco sobre los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023.
Gonet, sin embargo, destacó que la acusación está basada en un “amplio conjunto” de pruebas, como manuscritos, archivos digitales, mensajes y planillas que revelan la “trama conspirativa” contra las instituciones democráticas.
Además de Bolsonaro, la fiscalía pidió que sean condenados todos los presuntos integrantes del “núcleo crucial” de la trama golpista: el exjefe de la agencia brasileña de inteligencia Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina Almir Garnie; el exministro de Justicia Anderson Torres; el exministro jefe del gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno; el exayudante de órdenes Mauro Cid; el exministro de Defensa Paulo Nogueira; y el exministro de la Casa Civil Walter Braga Netto.
La fiscalía destacó que los ataques de Bolsonaro a las autoridades, en condición de presidente, no eran apenas un “desahogo”.
“Las acciones no se limitaron a una postura pasiva de resistencia a la derrota. Hubo una articulación consciente para generar un ambiente propicio a la violencia y al golpe”, defendió el fiscal general.
Los delitos que se le imputan a Bolsonaro podrían valerle, sumados, una pena de más de 40 años de cárcel. Gonet pidió que los ocho reos sean condenados por organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido.
La manifestación final de la fiscalía destaca el papel central de los testimonios de los comandantes de las Fuerzas Armadas, principalmente el exjefe del Ejército Freire Gomes y de la Aeronáutica, Baptista Junior.
Ambos confirmaron que recibieron en más de una ocasión borradores de medidas de excepción, cuyos fundamentos no se ajustaban a las hipótesis previstas en la Constitución y además preveían la anulación de las elecciones y prisión de autoridades. Las medidas serían firmadas apenas fuese posible obtener el apoyo de las Fuerzas Armadas, según el fiscal.
El avance del proceso contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado se convirtió la semana pasada en uno de los puntos centrales de la crisis en la relación entre Lula y el presidente norteamericano, Donald Trump, quien amenaza con imponer un tarifazo de 50% sobre las exportaciones brasileñas a Estados Unidos, a partir del 1° de agosto.
En una carta enviada al presidente de Brasil el miércoles pasado, Trump justificó la imposición del arancel, entre otros motivos, por el cerco de la justicia a Bolsonaro.
“Este juicio no debería estar sucediendo. Es una cacería de brujas que debe terminar INMEDIATAMENTE”, dijo Trump, en un mensaje repudiado por el gobierno de Brasil, como una intromisión y ataque a la soberanía nacional.
La defensa de Bolsonaro niega las acusaciones. El expresidente, quien durante su interrogatorio ante la corte alegó que nunca atentó contra las instituciones democráticas, no se manifestó oficialmente tras el pedido de la fiscalía.
Ministros del gobierno de Lula celebraron el parecer de la fiscalía.
“La decisión de pedir la condena del inelegible Bolsonaro no sólo hace justicia a los elementos del proceso, repletos de pruebas, también reafirma la fuerza de nuestras instituciones. El tiro de Donald Trump para salvar a su amigo de la cárcel salió por la culata”, dijo Paulo Teixeira, ministro de Desarrollo Agrario, en X.
El hijo del presidente y senador, Flavio Bolsonaro, aseguró que la democracia fue “secuestrada”.
“Eso es una cuestión más allá de Bolsonaro o la derecha. El fiscal general debe haber tomado muchas dosis de Diazepam (remedio calmante), que causan confusión mental y alucinaciones”, dijo el senador.
Las alegaciones finales forman parte del último tramo del proceso previo al juicio, que se prevé sea llamado para septiembre. La manifestación de Gonet refuerza la denuncia presentada en febrero, recapitulando los puntos centrales de la acusación.
La primera sala de la Corte Suprema, compuesta por el juez Alexandre de Moraes y otros cinco magistrados, decidirá si condena o absuelve al expresidente y sus aliados.
