Primero reunió a su partido, después dejó trascender la postura mayoritaria y finalmente, en la última hora de este miércoles, Mauricio Macri decidió expresar él mismo su crítica a la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, mediante un decreto y en comisión, como decidió el Presidente.
El expresidente lo hizo con una autocrítica. «La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta«, escribió en su cuenta de X. No necesitó aclarar que se refería a su propia marcha atrás cuando intentó designar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz -hoy jueces del máximo tribunal- por la misma vía que Javier Milei.
Luego avanzó con su postura personal y con su rechazo, en especial, a la incorporación de Ariel Lijo. «Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo».
«La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del PRO, como quedó plasmada en el informe producido por la Fundación Pensar», especificó Macri.
En su posteo tardío, el fundador del PRO sumó una publicación del think tank macrista, crítico del proceso de designación y de los candidatos elegidos por la administración libertaria. Es un artículo de Martín Casares, secretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y consultor de Pensar, que en su descargo indicó: «Dado el rol de lo magistrados y su obligación de decidir con imparcialidad, es esencial garantizar su independencia judicial mediante la estabilidad en el cargo».
En ese marco, el letrado planteó: «La designación en comisión por parte del Poder Ejecutivo compromete a esta independencia, ya que los jueces interinos dependen de la aprobación posterior del Ejecutivo y el Senado, lo que afecta su capacidad para dictar sentencias con plena independencia y erosiona el principio de división de poderes«.
Casares también afirmó que “la designación de jueces por decreto impacta negativamente en la seguridad jurídica y la confianza pública”.
“Esta solución constitucionalmente permitida no es deseable; y en mi opinión traería aparejadas consecuencias negativas para el Gobierno y la Justicia”, añadió el abogado, quien sostuvo que la medida del oficialismo «va a afectar la credibilidad de la Corte Suprema».
Macri, quien apuntó fuerte contra la postulación de Lijo desde el comienzo, juntó a los principales dirigentes del PRO, entre los que estuvieron Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata), los diputados nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; el senador nacional Alfredo De Angelis (de Entre Ríos); Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, hombre de máxima confianza de Macri.
No estuvo presente en la cumbre el entrerriano Rogelio Frigerio y sí participó, pero a través de Zoom, el chubutense Ignacio Torres.
Según averiguó Clarín, desde el espacio opositor se barajó la posibilidad de publicar un comunicado contra los nombramientos por decreto. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
