Cecilia Torres Otarola, exministra de Desarrollo Humano y Familia en el Gobierno de Mariano Arcioni en la provincia de Chubut, fue condenada a tres años de prisión en suspenso y castigada con inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, tras ser encontrada culpable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y por pedir retornos a los sueldos de asesores fantasma, en el marco de una causa conocida como “Ñoquis calientes”.
En específico, los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeri dictaron la pena por considerarla responsable de los delitos de defraudación a la administración pública y exacciones ilegales (concusión).
Hace poco menos de dos semanas, el fiscal de la causa, Omar Rodríguez, había pedido para Torres Otarola una condena de 3 años y seis meses de prisión. Finalmente, el castigo fue sensiblemente menor para la exfuncionaria, quien continuará en libertad.
Cecilia Torres Otarola fue condenada junto a otros cuatro funcionarios por montar una red de empleados públicos que no cumplían con funciones y cobraban igual.
Los primeros cuatro delitos probados fueron por nombramientos de funcionarios públicos -tres en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, y otro en la Legislatura provincial- que, paradójicamente, no cumplían ninguna función.
También fue condenada porque a tres de sus asesores legislativos -cuando era diputada provincial- les exigía que depositaran la mitad de sus respectivos sueldos, con el fin de obtener un rédito personal rayano a la corrupción.
Torres Otarola, quien fue separada de su cargo en junio de 2020 cuando estalló el escándalo, deberá ahora abonar las costas del proceso y apegarse a distintas reglas de conducta, según lo dispuesto por la Justicia.
El fiscal solicitó además a los jueces que los funcionarios fantasma, identificados como Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles, cumplan una condena de 2 años en prisión en suspenso, pena que fue ratificada por la Justicia, que les agregó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la administración pública como partícipes necesarios.
En la misma causa, previamente los jueces absolvieron a Branco Rodera Niera y a Jaquelina Rodera, al no haber pruebas contundentes que demostraran que no cumplieron con las tareas por los contratos gestionados por Torres Otarola.
Es la primera vez que una causa en la provincia patagónica termina en un veredicto de culpabilidad de empleados del Estado que no cumplieron con las tareas para las que fueron contratados.