Pablo Otero, más conocido como el «Señor del tabaco» por su influencia y poder en el sector, sufrió un duro golpe judicial. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) lo denunció en la Justicia por el presunto delito de lavado de dinero. El caso recayó en el juzgado de María Servini que ahora debe decidir si investiga al dueño de Tabacalera Sarandí.
Otero es un polémico empresario tabacalero que acumula denuncias y sospechas y que creció en el mercado del tabaco gracias a evitar el pago de impuesto. Había conseguido evadir los tributos con una serie de medidas cautelares en la Justicia. Pero esa estrategia sufrió un traspié el año pasado luego de que la Corte Suprema lo obligara a pagar y ponerse al día.
La denuncia de la ex AFIP se hizo en base a un informe que realizó la División de Fiscalización Externa de la Dirección de Grandes Contribuyentes. El área rastreó la venta de cigarrillos de las marcas Red Point, West, Kiel y Master, todas producidas por Tabacalera Sarandí.
En la fiscalización encontraron todo tipo de irregularidades que apuntarían al lavado de activos. La sospecha, según la denuncia a la que accedió Clarín, recae sobre un período específico que va desde el año 2021 al 2023. Según detectó el organismo, en esos años Otero y su empresa vendieron cigarrillos por más de $33.632 millones a 23 distribuidores mayoristas que tenían un perfil fiscal completamente irregular.
Según detectaron, esos compradores no tenían capacidad operativa real y revendían los productos a consumidores finales que no estaban en regla y tenían un «perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real». Además, emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que, según el organismo, «sugiere una baja rentabilidad y la posible simulación de actividad comercial».
Entre las irregularidades, también detectaron que las empresas que participaban de la presunta maniobra de lavado para favorecer a Tabacalera Sarandí «no registraban pagos tributarios ni acreditaciones bancarias mínimas» y realizaban los pagos «a través de depósitos en cuenta recaudadora o en efectivo, motivo por el cual se pierde la trazabilidad de los fondos».
Incluso muchas de los presuntos compradores no tenían ni siquiera «estructura edilicia ni personal contratado», sostiene la denuncia. Para la ARCA las 23 empresas que habrían simulado las compras a Otero y su empresa eran «usinas» que facilitaban la transferencia de «dinero desde el círculo informal hacia uno formal».
«No se han aportado documentos ni información suficiente que justifique el origen de los fondos empleados por las distribuidoras para afrontar dichos pagos, lo que impide llevar una adecuada trazabilidad del dinero», sostiene el organismo en la denuncia. En concreto, lo que sospechan es que las ventas de Tabacalera Sarandí a esas empresas eran «simuladas» para blanquear dinero negro que pertenecería a Otero.
La nueva denuncia no es el único frente judicial que tiene abierto el empresario. La Justicia de Mar del Plata investiga a Tabacalera Sarandí en una causa por presunta falsificación de estampillas y venta de cigarrillos con estampillas apócrifas, una maniobra que apuntaría a evitar el pago de impuestos.
El expediente lo tiene el juez federal Santiago Inchausti que ya indagó a empresarios pyme que le compraban los presuntos cigarrillos truchos a Tabacalera Sarandí.
Ese expediente arrancó en 2019, también tras una intervención de la AFIP. En ese entonces, el organismo detectó que en varios kioskos de la costa bonaerense se vendían cigarrillos de Bronway (PIER y Dolchester) y de Tabacalera Sarandí (Red Point), entre otras marcas, con estampillas truchas. Uno de los locales ubicado en Santa Clara del Mar tenía un stock suficiente para abastecer a una zona importante de Mar del Plata. Incluso iban a comprar productos que luego los llevaban a Tandil.
Otero empezó a construir su imperio tabacalero en 2018, cuando dejó de pagar el impuesto mínimo al tabaco, un tributo que había sido impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Tabacalera Sarandí sostenía que era inconstitucional. El argumento principal de Otero era que su empresa funcionaba como una pyme y que el impuesto era confiscatorio ya que sus productos eran más baratos que la competencia de primeras marcas y el tributo era mayor al valor de cada paquete de cigarrillo.
Con esa estrategia, Tabacalera Sarandí consiguió crecer y expandirse con precios bajos y ganó una porción de mercado desproporcionada. Según un informe que en su momento elaboró la consultora ABECEB por evitar el pago de ese impuesto, Tabacalera Sarandí pasó de tener el 5,6% del total del mercado en 2016, al 38,4% en 2023.