El Gobierno no puede argumentar que no fue avisado. Las notificaciones y advertencias sobre la crítica situación de los números de la agricultura, particularmente en los planteos de trigo-soja en campos arrendados, ya fue puesta sobre la mesa.
A la baja de precios internacionales, sobre la que el Gobierno, obviamente, no tiene responsabilidad, se suma la elevada presión impositiva, que sí la tiene, con los Derechos de Exportación (DEX), mal llamados retenciones, como bandera principal.
En los últimos días, las voces de alerta vinieron de la Región Centro: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. En las dos primeras provincias, fueron sus gobernadores, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, quienes recogieron el guante de las Mesas de Enlace de ambos territorios. En el caso de la provincia del Litoral, fue un estudio de la Bolsa de Cereales entrerriana que puso la voz de alarma sobre las cifras en rojo.
Una forma de esquivar los reclamos de Pullaro y Llaryora es por el lado político: uno radical y otro peronista. Sin embargo, se trata de dos mandatarios que vienen apoyando las líneas generales del gobierno de Javier Milei, acaso por instinto de supervivencia política.
La otra forma es responder que en ambas provincias se hizo poco y nada por bajar la presión impositiva local.
Aunque ambos argumentos puedan tener algo de razonable, no hacen otra cosa que desviar el corazón del reclamo: los DEX le quitan recursos al interior. No solo porque se trata de un tributo que no es coparticipable, sino porque va directo contra la facturación de quien la origina. Los casi 9000 millones de dólares que se lleva el Estado nacional sin una contraprestación deberían estar en manos de la producción que podría multiplicarlos en forma de inversiones, trabajo y generación de riqueza.
Por supuesto, tanto Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, expresaron en varias oportunidades que rechazan el tributo y que lo eliminarán en cuanto cierre el déficit y crezca la economía. Es decir, puede ser este año, el próximo o el siguiente. El llamado a la “paciencia” también puede ser comprensible teniendo en cuenta que la situación macroeconómica que, aunque tuvo fuertes correcciones, todavía sigue siendo endeble. Pero en el agro recuerdan con claridad que ese argumento se viene repitiendo desde hace 23 años, cuando el gobierno de emergencia de Eduardo Duhalde reinstauró los DEX, sin oposición del gremialismo rural. Como consecuencia de esa viga de hierro que se construyó en 2002, el Estado se quedó con unos US$190.000.000 millones, según distintos cálculos privados, que podrían ser más si se suma la consecuencia de la intervención de los mercados.
La advertencia sobre lo crítico de los números de la campaña son críticos también fue presentada por productores autoconvocados al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, que, con buena voluntad recibió el pedido de contacto.
Por más comprensión que tenga el funcionario, hay que recordar que Iraeta depende de un secretario de Estado coordinador quien, a su vez, reporta al ministro de Economía. Hay una distancia demasiado larga hasta la Casa Rosada, pese a que el edificio de Agricultura está a no más de diez cuadras del principal lugar de trabajo del presidente Milei.
¿Qué dicen los números? Según el estudio de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, “si se considera una producción netamente en campo arrendado, rendimiento histórico y precios actuales, la relación costos sobre ingresos”, da que la rentabilidad es negativa en soja de primera (-17%), soja de segunda (-9%), trigo (-9%), soja de segunda y trigo (-18%) y maíz y trigo (-3%). Solo en maíz hay una rentabilidad positiva de 8%. Con precios del 26 de diciembre pasado, “Se observa que los rendimientos históricos no alcanzarían los rendimientos de indiferencia actuales, necesarios para cubrir el costo de arriendo tanto en trigo como en soja, pero no así en el maíz”, explica el trabajo de la entidad que contó con la colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner).
Es uno de los tantos ejemplos que se pueden expresar por estos días. El interrogante que pocos se animan a dilucidar es qué puede llegar a pasar en “el mientras tanto”, es decir, qué consecuencias puede tener la decisión del Gobierno de retrasar su propósito de eliminar las retenciones. ¿Caída del área, quiebra, abandono de la actividad, paquetes tecnológicos defensivos? Las opciones son múltiples, lo cierto es que hay algo seguro: neutras no son.
