BRASILIA.- La confrontación entre la corte brasileña y Jair Bolsonaro alcanzó este lunes un nuevo y desconocido pico de tensión. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), decretó la prisión domiciliaria del expresidente de Brasil (2019-2022). Moraes entendió que Bolsonaro llevó adelante un “flagrante y reiterado incumplimiento” de las medidas cautelares que lo mantenían en libertad, al divulgar el domingo un mensaje a sus seguidores en redes a través de las cuentas de sus hijos.
El exmandatario, quien comenzó a enfrentar medidas cautelares como el uso de tobillera electrónica el mes pasado, deberá cumplir arresto en su domicilio, en el barrio Jardín Botánico, en Brasilia, a unos 20 minutos del Congreso.
Además del mantenimiento de las medidas restrictivas impuestas en julio, el expresidente no podrá recibir visitas, excepto de familiares próximos y sus abogados, y tampoco podrá utilizar teléfonos celulares. Agentes de la Policía Federal allanaron su residencia este lunes e incautaron teléfonos.
La decisión, de 74 páginas, responde a la estrategia digital que Bolsonaro mantuvo en los últimos días, utilizando las redes sociales de aliados y de sus hijos para, según el juez, difundir mensajes de instigación contra el STF y apoyo a la intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño.
Una de las pruebas centrales citadas por el magistrado fue el video que el senador Flávio Bolsonaro publicó y luego borró el domingo, durante una manifestación en Copacabana, convocada para protestar contra la corte y a favor de Bolsonaro. En las movilizaciones, con discursos vehementes contra Moraes, los manifestantes portaron banderas de Estados Unidos y de Trump.
En ese video, el expresidente saludó utilizando el manos libres del celular: “Buenas tardes, Copacabana. Buenas tardes, Brasil. Estamos unidos por nuestra libertad”. Para Moraes, el episodio muestra que Bolsonaro buscó presionar al tribunal, en abierta desobediencia de las restricciones que le impedían comunicarse por redes, propias o ajenas.
No fue el único indicio. En otro de los actos celebrados el domingo, en Belo Horizonte, el diputado bolsonarista Nikolas Ferreira mostró en pantalla una videollamada con el ex presidente mientras arengaba a la multitud.
Para el STF, estas maniobras evidencian un intento deliberado de coacción y obstrucción de la justicia, reforzando la necesidad de medidas más severas a las impuestas en julio, luego de que Bolsonaro comenzara a ser investigado por presuntamente gestionar sanciones económicas a Brasil ante la Casa Blanca de Donald Trump.
Bolsonaro es actualmente reo ante la corte, acusado de liderar una trama golpista tras su derrota electoral en 2022 para mantenerse en el poder. La expectativa es que sea juzgado en septiembre, y, en caso de ser condenado, podría afrontar una pena de más de 40 años de cárcel.
En otra investigación paralela, la fiscalía brasileña apunta que él y su hijo Eduardo, radicado en Estados Unidos desde marzo, articularon acciones en ese país para conseguir sanciones económicas y promover medidas contra ministros del STF y autoridades brasileñas.
El miércoles pasado, el gobierno de Trump le impuso a Moraes sanciones económicas a través de la aplicación de la Ley Magnitsky, un instrumento para castigar a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos. La Casa Blanca acusa al juez de llevar adelante una “caza de brujas ilegal” contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas.
El juez de la Corte, relator del juicio contra Bolsonaro, afirmó que va a “ignorar” las sanciones y prometió que la justicia brasileña no se “doblegará” ante las “amenazas”.
Para Moraes, el bolsonarismo, en alianza con el gobierno de Estados Unidos, busca condicionar el funcionamiento del Poder Judicial brasileño, entorpeciendo el curso de la acción en la que el expresidente será juzgado por intento de golpe de Estado.
La decisión de Trump de imponer a partir del miércoles un arancel del 50% a productos brasileños, oficializada en un decreto la semana pasada, incluyó referencias veladas a la presunta “persecución política” que enfrenta el expresidente, un gesto interpretado en Brasilia como una interferencia indebida en la soberanía brasileña.
El líder del Partido Liberal de Bolsonaro en Diputados, Sóstenes Cavalcante, reaccionó este lunes a la decisión calificándola como una “venganza política” del juez y escribió en redes: “No hay más instituciones, solo tiranos con toga. Ahora lo encierran en su propia casa como un criminal”.
En el oficialismo, en cambio, la medida de la corte fue celebrada. Para el diputado Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en Diputados, la prisión domiciliaria es “proporcional a la gravedad de la reincidencia deliberada de Bolsonaro”, y busca preservar el Estado de Derecho frente a actos que “burlan la autoridad judicial”.
El fallo significa una última advertencia al expresidente Bolsonaro, quien queda al borde de ir a la cárcel.
Moraes estableció que cualquier nuevo incumplimiento de las medidas restrictivas, como el uso indirecto de redes o contacto con otros investigados, podrá convertir la prisión domiciliaria en prisión preventiva, lo que aislaría todavía más al expresidente.
La orden de arresto domiciliaria marca el punto cúlmine en el enfrentamiento entre Moraes y el bolsonarismo y deja al expresidente en una situación judicial delicada, ponderó Leandro Consentino, profesor del Insper de San Pablo.
“Las actitudes de Bolsonaro buscan estirar la cuerda. Sabía bien lo que hacía al transmitir su discurso en redes el domingo. Ahora habrá que ver si lo que buscaba era allanar el camino para su propia prisión para encender a las bases más radicales del bolsonarismo”, opinó Consentino.
