BRASILIA.- En una jugada de ingeniería política y jurídica, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta madrugada un proyecto de ley que reduce drásticamente el tiempo de reclusión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros condenados por intento de golpe de Estado.
Aunque el texto final, que ahora pasa al Senado, descartó la palabra “amnistía” para evitar un choque frontal con el Supremo Tribunal Federal (STF), la nueva normativa reescribe la matemática carcelaria de forma tal que, Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de cárcel, podría ver reducido su encierro efectivo de casi una década a apenas dos años y cuatro meses.
Con 291 votos a favor y 148 en contra, Diputados avaló la propuesta con una urgencia inusitada. La maniobra es el resultado de una negociación a contrarreloj que involucró a la cúpula del Congreso, partidos de centro derecha del denominado “Centrão” y a la propia familia Bolsonaro.
“Decidimos subir un escalón en nuestra lucha, y el escalón hoy es el acuerdo hecho en nuestra bancada y con el presidente Hugo Motta para la reducción de penas, autorizada por el liderazgo de nuestro partido e, inclusive, dialogado con Bolsonaro”, dijo Sóstenes Cavalcante, líder del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro a periodistas. Cavalcante aseguró que el PL, sin embargo, insistirá en el Congreso con una amnistía amplia e irrestricta en 2026.
La votación del proyecto, titulado “Proyecto de Ley de la Dosimetría”, se produjo sólo horas después de que el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, se reuniera con los líderes de los partidos Unión Brasil y Partido Progresistas, integrantes del “Centrão”.
Flávio había agitado el tablero político el viernes al lanzar su precandidatura presidencial, una postulación que poco después, advirtió, tenía un “precio” para ser bajada: la libertad de su padre.
Para el gobierno de Lula, la correlación es obvia. Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en Diputados, calificó la sesión por el PL de la Dosimetría como un acuerdo transaccional. “Fue el primer paso del Centrão para llegar al precio que Flávio cobra para no ser candidato a presidente”, disparó.
“No lo estoy suponiendo. Tengo información segura de que la votación fue combinada en esa reunión del lunes por la noche”, aseguró Farias.
Con Bolsonaro “aliviado” judicialmente, sería más fácil para la centro derecha convencer a Bolsonaro de transferir su capital político a un nombre más viable para la carrera por la presidencia en 2026, por caso el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, uno de los favoritos de ese sector y del mercado y quien aparece hoy en los sondeos como la figura más competitiva ante Lula.
El corazón del proyecto aprobado en Diputados, coordinado por el diputado Paulinho da Força, del partido Solidariedade, radica en cómo se calculan y se cumplen las penas.
Actualmente, Bolsonaro enfrenta una condena de 27 años y tres meses por cinco delitos, incluyendo intento de golpe y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, por la trama golpista que culminó en los ataques a las sedes de los tres poderes, el 8 de enero de 2023.
Bajo la ley vigente, por la sumatoria de estas penas y las reglas de progresión, implican que el expresidente debe pasar, como mínimo, casi ocho años en régimen cerrado antes de cualquier beneficio. De esta forma, Bolsonaro cumpliría su pena en régimen semiabierto apenas en abril de 2033. Pero el nuevo proyecto dinamita ese calendario mediante tres mecanismos.
Por un lado, prohíbe sumar las penas por “intento de golpe” y “abolición del Estado” si ocurren en el mismo contexto. Apenas se pasa a aplicar la pena mayor, hecho que borraría de un plumazo seis años y medio de la condena de Bolsonaro.
Además, reduce sensiblemente el tiempo de cárcel necesario para pedir la transición a un régimen semiabierto. Actualmente se exige el cumplimiento de un 25% de la pena. El proyecto, en tanto, reduce ese plazo a un sexto, incluso para delitos con violencia o grave amenaza.
Por último, permite descontar días de pena por estudio o trabajo, incluso en prisión domiciliaria, algo hoy prohibido por la legislación brasileña.
Según los cálculos de la oposición y el propio relator, aplicando estas variables, el tiempo de encierro real de Bolsonaro bajaría a dos años y cuatro meses.
El proyecto se convirtió en la alternativa viable a la “amnistía” total que el bolsonarismo buscó durante meses, pero que no tenía posibilidades políticas de prosperar ante resistencias del Congreso y la eventual judicialización ante la Corte.
El texto ahora pasará al Senado, donde el ritmo de tratamiento promete ser igual de frenético. El presidente de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre, ya anunció el martes su intención de votar el proyecto antes de fin de año, honrando un pacto con su par de Diputados, Hugo Motta.
“Hice un compromiso con los líderes, conmigo mismo, con el Senado y con Brasil. Si la Cámara deliberaba, el Senado deliberaría”, aseguró Alcolumbre. “Vamos a deliberar este proyecto este año todavía”, sentenció ayer.
Si el Senado lo aprueba, la última palabra la tendrá el presidente Lula, quien se enfrentará al dilema de vetar la ley -y victimizar aún más al bolsonarismo- o dejarla pasar como un gesto de “pacificación”.
Si bien el foco está en el expresidente, la ley tiene efectos inmediatos para los “soldados rasos”. El texto crea una distinción para los delitos cometidos en “contexto de multitud”. Así, aquellos que participaron en los destrozos del 8 de enero pero no financiaron ni lideraron el golpe recibirían una reducción de pena de entre un tercio y dos tercios.
