Luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) la denunciara penalmente por la presunta comisión del delito de engaño a inversores, Surcos, una de las principales comercializadoras de origen nacional en insumos para el agro, informó en una carta que ejercerá su derecho de defensa. En tanto, la compañía dio a conocer que se ha decretado en su contra “una medida cautelar de inhibición general de bienes y el embargo por US$5.547.816, con más la suma de US$2.000.000 estimada en forma provisoria para afrontar pago de intereses”. La firma defaulteó millonarios pagarés hace unas semanas y eso desató la crisis. Según había trascendido, cayó en esa situación tras mermas en las ventas que restaron facturación. Esto en el marco de la retracción general del mercado.
En un escrito dirigido a la CNV, al Mercado Abierto Electrónico SA y a Bolsas y Mercados Argentinos SA, la compañía recordó que “la sociedad ha instado un proceso de negociación con sus inversores con el objetivo de la revisión de su perfil financiero”.
En este contexto, señaló que “ha celebrado una reunión con los mismos en el marco de la presentación de lineamientos generales de una propuesta de reestructuración integral orientado a los acreedores financieros”.
“La sociedad se encuentra trabajando en una propuesta a entablar a sus inversores, lo cual refleja nuestro compromiso con la estabilidad de la compañía”, indicó Sebastián Calvo, presidente y responsable de relaciones con el mercado.
Como se mencionó, la firma informó que se ha decretado en contra de la sociedad, “una medida cautelar de inhibición general de bienes y el embargo por US$5.547.816, con más la suma de US$2.000.000 estimada en forma provisoria para afrontar pago de intereses”.
La carta surgió tras la denuncia penal realizada por la CNV, el organismo autárquico que se encarga de controlar, regular, autorizar y fiscalizar el mercado de capitales en la Argentina, en donde señaló que días antes de que los directivos manifestaran “la imposibilidad de afrontar el pago de un pagaré con vencimiento el 28 de noviembre del corriente año y la baja de calificación impuesta por Fix SCR SA. a dicha sociedad, previamente la empresa había efectuado la emisión de Obligación Negociables Serie XIV, Clases A, B y C; sin difundir información que permitiera conocer sobre su real situación financiera”.
“En consecuencia, se procedió a formar el expediente de referencia, determinándose que existían fundamentos razonables para formular una denuncia penal, en los términos del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación y del artículo 20 de la Ley 26.831, respecto de Surcos, por la presunta comisión del delito tipificado en el artículo 309, apartado 1), inciso b) del Código Penal”, se apoya la denuncia.
En detalle, el inciso b del apartado 1 del artículo 309 del Código Penal, dice que, “quien ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas, será reprimido con prisión de dos a seis años, cuando el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos”.
Además, el artículo 20 de la Ley 26.831 de Mercados de Capitales protege los intereses de los accionistas minoritarios y de los tenedores de títulos de deuda. En esa línea, la CNV puede solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones en las personas humanas y jurídicas sometidas a su fiscalización, citar a declarar, tomar declaración informativa y testimonial, instruir sumarios e imponer sanciones en los términos de la presente ley; requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública, como también el allanamiento de lugares privados con el fin de obtener los antecedentes e informaciones necesarios para el cumplimiento de sus labores de fiscalización e investigación; iniciar acciones judiciales y reclamar judicialmente el cumplimiento de sus decisiones y; denunciar delitos o constituirse en parte querellante, entre otros.
En noviembre pasado, Surcos había presentado una propuesta de refinanciación voluntaria, pero solo se aceptó un 30% de los compromisos pendientes, lo que complicó aún más la situación. Y fue a principios de diciembre cuando anunció que no podía hacer frente a pagarés bursátiles. “Lamentablemente este plan de expansión internacional es incompatible con la aguda caída de ventas que sufrimos en el mercado local y las dificultades para encontrar nuevo financiamiento. Esto derivó en la imposibilidad de afrontar el pago del pagaré”, declararon.
La firma había informado en esa oportunidad que las ventas de este 2024 cayeron un 32%, tanto a nivel nacional como internacional. Según datos proporcionados por la empresa, el mercado de fitosanitarios local en general sufrió una caída de US$4100 millones a 3000 millones de dólares. En tanto, en Brasil pasó de US$22.000 millones a 12.000 millones de dólares.
LA NACION
