La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó este lunes al gobierno de Venezuela por la violación a los derechos políticos y la protección judicial del opositor Henrique Capriles durante el proceso electoral de 2013.
La sentencia del caso Capriles vs. Venezuela, notificada hoy, declara “la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la violación a los derechos políticos, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de Henrique Capriles Radonski, en el marco del proceso electoral de 2013″.
Los hechos sucedieron durante todo el proceso de las elecciones del 14 de abril de 2013 en las que Capriles, en el partido Mesa de la Unidad Democrática (MUD), disputó la presidencia con Nicolás Maduro, entonces vicepresidente, a pesar de que la Constitución venezolana impide a un vicepresidente en ejercicio a postularse como presidente de la República.
Entonces el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Maduro ganador con el 50,61% de los votos, seguido por Capriles, quien obtuvo el 49,12%. Capriles y su equipo de campaña presentaron 348 denuncias de irregularidades electorales y denunciaron un fraude electoral.
A pesar de los intentos de presentar un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Capriles fue multado y se abrió una investigación del Ministerio Público en su contra.
La CIDH consideró que “la Sala Constitucional del TSJ favoreció a Nicolás Maduro mediante su decisión de 8 de marzo de 2013 que le habilitó a postularse a las elecciones” así como también Maduro “obtuvo ventajas capaces de incidir en el equilibrio de la contienda electoral mediante el uso de recursos estatales a favor de su campaña, de la realización de actos de proselitismo por parte de funcionarios públicos de alto nivel en ejercicio de sus funciones, y de la existencia de presiones indebidas sobre funcionarios públicos”.
Además, indicó que tanto el CNE como el TSJ no fueron imparciales, acciones evidentes en “la falta de respuesta de las más de 300 denuncias de irregularidades presentadas por parte del equipo del señores Capriles” y por la inadmisibilidad del recurso presentado por Capriles ante el TSJ y la posterior multa e investigación en su contra.
“La negativa a realizar una auditoría integral de la elección constituyó una omisión por parte del Estado que afectó la transparencia del proceso. La Corte concluyó que estas acciones y omisiones constituyeron un uso abusivo del aparato estatal dirigidas a favorecer al candidato oficialista, y una falta garantía de la existencia de medios adecuados de impugnación y de transparencia en el proceso”, concluyó la sentencia oficial.
Capriles, que enfrentó al expresidente Hugo Chávez en 2012, fue inhabilitado en 2017 por supuestas irregularidades administrativas cuando ejercía como gobernador del estado Miranda (2013-2017), que abarca parte de Caracas.
“Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de cambio de los venezolanos”, escribió entonces Capriles en X. “Hoy más que nunca, que nada ni nadie nos saque de la ruta electoral, del ejercicio del derecho al voto, que los venezolanos tengamos una alternativa que compita y pueda cambiar al peor gobierno de la historia”.