Los próximos días serán determinantes del tono que la CGT le imprimirá a su relación con el gobierno de Javier Milei en el corto y mediano plazo. Los sindicalistas lo expresan sin atenuantes: toda definición depende de la letra chica de los artículos laborales de la Ley Bases que la Casa Rosada promete tener lista esta semana. Si la reglamentación contempla las recomendaciones que la central acercó al Ejecutivo a través del canal abierto con dos colaboradores directos del Presidente, habrá lugar para la apertura de un diálogo más aceitado. Si los guiños no aparecen, el sendero hacia un nuevo paro general retomará su ímpetu.
Como entre los gremios, la misma disyuntiva dividió aguas puertas adentro del gabinete libertario y quedó en evidencia con la llamativa demora en la publicación de la reglamentación de la reforma. Inicialmente estaba prevista para principios de la semana pasada, pero algunas idas y vueltas -sumada a los reveses que acumuló el oficialismo en el Congreso– postergaron la definición. «Va a ser esta semana seguramente», confió este domingo a Clarin un funcionario al tanto de los tiempos de la reglamentación.
En la CGT matizan la espera con cierta expectativa. «Se está trabajando con criterio. Hay una negociación positiva«, aseguró uno de los principales referentes de la cúpula sindical a este diario. Allí celebran como un logro propio haber corrido al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de la discusión de la letra chica del articulado a partir de sus gestiones directas y en paralelo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor todoterreno de Milei, Santiago Caputo.
Con esa perspectiva, la conducción cegetista ya tiene definido reunir a su mesa chica apenas se publique la reglamentación de los cambios laborales en el Boletín Oficial y entonces definir sus próximos pasos. «Si hay un guiño para lo que planteamos, sería importante«, razonó otro gremialista que intercambió mensajes con los colaboradores de Milei expectante por una definición. Pero si la señal que aguardan los grupos de moderados de la central no se confirma, el sector más combativo -el camionero Hugo Moyano y los dirigentes enrolados en el kirchnerismo- volverán a la presión a fondo por pasar a la ofensiva contra el Ejecutivo con el llamado a otro paro general.
«No hay clima ni para un paro ni para nada», se atajan los sectores mayoritarios de la conducción (donde conviven «gordos», «independientes» y el barrionuevismo de posición oscilante con el mundo libertario), pero admiten que sin gestos concretos para mostrar como resultado de la negociación que encararon, será muy difícil contener a los más críticos por mucho tiempo.
Por eso el resultado de la reglamentación de la reforma es clave. Si bien en el debate parlamentario el fuerte lobby de la central obrera, especialmente sobre los bloques de la oposición dialoguista y sectores del PJ, consiguió sacar del capítulo laboral de la Ley Bases más de 40 artículos muy resistidos por los gremios, el texto sancionado incluyó dos puntos sensibles para los sindicalistas, que activaron los contactos más aceitados con la Casa Rosada para consensuar la letra chica de esos cambios. «Control de daños«, argumentaron en la sede de Azopardo al 800.
Uno de los ejes de la inquietud sindical se vinculó de entrada con el alcance del artículo de la ley que establece como causal de despido la participación de trabajadores en bloqueos o tomas de establecimientos productivos, una metodología de protesta bastante extendida en algunos gremios, como el propio sindicato de Camioneros de Hugo Moyano. Desde la CGT interpretan que se trata de una medida que limita sustancialmente el derecho a huelga, por lo que acercaron a la Casa Rosada y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, un planteo para habilitar instancias de diálogo o negociación como paso previo a la sanción del despido.
El otro aspecto que preocupa a la jefatura sindical y que determinó también la presentación de una propuesta para acotar sus alcances es el referido a la creación de la figura de trabajador independiente con hasta tres colaboradores sin relación de dependencia entre sí. Los gremios pretenden que esa figura se aplique únicamente en algunas actividades específicas o a trabajadores que ya están incluidos en el régimen de monotributistas para evitar que se generalice y -alertan los gremios- derive en un motivo adicional para una ola de juicios laborales.
