La Cámara de Casación Penal, en un voto unipersonal, confirmó al juez federal Julián Ercolini frente a la causa donde se investigan 45 contratos firmados por diversos organismos del Estado con Nación Seguros SA. El principal imputado es Alberto Fernández qquien recusó, sin éxito al magistrado.
El ex presidente de la Nación cuenta con dos imputaciones en esta investigación por presuntos hechos de corrupción. La carátula detalla la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.
Bajo la representación de Mariana Barbitta, Fernández recusó al juez Julián Ercolini pero ese planteo fue rechazado en la Cámara Federal de Apelaciones por el camarista y ex abogado de Cristina Kirchner, Roberto Boico. Frente a ese criterio la decisión fue apelada ante la Cámara de Casación.
En la resolución a la que accedió Clarín, el integrante del máximo tribunal penal -Gustavo Hornos-, sostuvo que el reclamo sostenido por Alberto Fernández “no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos”.
En el marco de este expediente penal, el ex presidente de la Nación no fue aún citado a declaración indagatoria, sólo reviste la condición de imputado.
Al analizar los argumentos escribimos en el reclamo con el que buscaba apartar al juez Ercolini, el integrante de la Casación explicó que es doctrina del Máximo Tribunal que, por regla, “no procede el recurso extraordinario respecto de lo resuelto sobre planteos de recusación ni se ha demostrado en el caso que corresponda excepcionar ese principio”.
En otro tramo, el camarista Hornos indicó que la queja de Alberto Fernández refiere a una diferencia ante el criterio que adoptó la Cámara de Apelaciones al rechazar el pedido de apartamiento de Ercolini “lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal invocada”.
Por consiguiente, el juez Gustavo Hornos resolvió que el recurso del ex presidente “debe ser declarado inadmisible”.
La causa que inició con la revelación de Clarín sobre los contratos que Nación Seguros firmó con ANSES utilizando intermediarios, se convirtió en un gran rompecabezas. Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la sospechosa intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453.302.777 pesos que al tipo de cambio del momento, representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones erogadas de fondos públicos.
Con dos imputaciones por presuntos hechos de corrupción, el ex presidente recusó al magistrado, Fernández dijo que no cuestiona aspectos “en forma personal” sobre Ercolini, a quien “conozco desde hace literalmente décadas, sino que, exclusivamente, este planteo versa sobre las razones que con toda fuerza y evidencia imponen su apartamiento del trámite de estas actuaciones para asegurar el debido proceso legal”.
En este sentido se refirió a la necesidad de “garantizar el fundamental derecho de todo ciudadano a ser juzgado por Magistrados cuya imparcialidad no pueda ser razonablemente puesta en duda”.
El juez Ercolini rechazó todos los argumentos y su resolución fue apelada, motivo por el cual el caso llegó a la Cámara Federal porteña.
Como dio a conocer Clarín, en la auditoría que hizo Nación Seguros se detallan todas las aseguradoras que intervinieron desde 2019. También qué organismos del Estado estuvieron involucrados y las cifras de dinero comprometidas.
La trama de las contrataciones bajo sospecha tiene entre los “favoritos” a Héctor Horacio Martínez Sosa y CIA, TG Broker SA, Bachellier SA, Castello Mercuri SA y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA.
En el expediente hay un número revelador: En conjunto, las cinco acumulan 2.782.170.946 de pesos percibidos en concepto de comisiones por parte del Estado nacional, durante la gestión de Fernández, sobre un total de 3.453.302.777 pesos. Es decir las cinco firmas detalladas, representan más del 80% de lo que se pagó a los intermediarios.
Además, del ex presidente también se encuentran imputados en la causa los brokers Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa (esposo de la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) quienes “habrían sido los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto”.
Respecto al amigo del broker amigo de Alberto Fernández, Martínez Sosa, la justicia señaló en otra resolución que su importancia radica en que, en función de una auditoría realizada, “figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación, referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y a las distintas fuerzas de seguridad, representando casi la mitad del monto total relevado”.
