WASHINGTON.- Una semana después de que la La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volviera a ordenar la entrega de correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández al aceptar un pedido de los demandantes contra la Argentina por la expropiación de YPF, el país le pidió a la magistrada que reconsidere su decisión, ya que el Estado no tiene en su posesión los dispositivos solicitados porque no les pertenecen.
El nuevo pedido de información confidencial incluía al exministro y excandidato presidencial Sergio Massa y al actual ministro de Economía, Luis Caputo, así como a varios otros funcionarios y exfuncionarios nacionales. La Procuración del Tesoro había señalado la semana pasada que estaba “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes”.
“En este caso, el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de la República”, señala el escrito dirigido a Preska, difundido en su cuenta de X por Sebastián Maril, director de Latam Advisors y quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.
“Los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios. Por el contrario, la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, explica la notificación de la Procuración del Tesoro, que realizó dos presentaciones ante Preska relacionadas con decisiones tomadas en la audiencia de discovery del pasado 29 de julio.
”La Constitución argentina (artículos 17-19) y su Tribunal Supremo consideran que dicha propiedad privada es ‘inviolable’ a menos que exista una sentencia contra un propietario individual“, amplió la presentación. ”Los demandantes no han demostrado que ningún empleador argentino, y mucho menos la República, tenga la capacidad práctica de acceder a los dispositivos y cuentas personales de sus empleados actuales y antiguos. Es revelador que el experto de los demandantes solo citara resoluciones que abordaban solicitudes de correos electrónicos de cuentas oficiales del Gobierno, no de cuentas personales», añadió.
En la segunda presentación, la Procuración del Tesoro informó que solicitó a la jueza una audiencia preliminar para presentar una moción tendiente a aclarar o reconsiderar su orden del 29 de julio, “que impide al Estado oponerse a pedidos de discovery posterior al dictado de sentencia con base en la irrelevancia de ciertos activos para la ejecución».
La Argentina sostiene que el tribunal pasó por alto que, conforme al precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, “solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio», señaló la Procuración mediante un comunicado.
“La República argumenta que debería poder resistir pedidos que no pueden conducir a la identificación de activos ejecutables y solicita una aclaración urgente para encauzar las negociaciones entre las partes y evitar un discovery abusivo. En subsidio, solicita que se reconsidere la decisión por haber desatendido jurisprudencia relevante”, añadió.
La medida de Preska del 30 de julio fue similar a la que había dictado en septiembre del año pasado y tenía el objetivo de acelerar el proceso de embargo que impulsan los fondos Burford y Eton Park, demandantes contra la Argentina por la expropiación de YPF.
Los fondos buscan demostrar que el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (Enarsa) funcionan como un “alter ego” del Estado argentino. Es decir, que no tienen independencia operativa y legal, y que actúan como una extensión del propio Estado. Esta información ya había sido parte de la evidencia en el juicio, después del fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar una indemnización de US$16.100 millones, más intereses, por la nacionalización de la petrolera estatal.
El proceso judicial, conocido como discovery, involucró desde el año pasado negociaciones entre los abogados del Estado argentino y los fondos demandantes. En aquel entonces, Burford y Eton Park habían presentado una lista con 27 nombres, que el Gobierno intentó reducir en una contrapropuesta. Finalmente, Preska definió quiénes deben entregar su información.
“Los beneficiarios del juicio por YPF buscan embargar activos soberanos. Para eso, necesitan acceder a toda la información vinculada con las empresas que podrían ser consideradas alter ego de la República”, explicó Maril.
“Lo que alegan, y con lo que lograron convencer a la jueza Preska, es que funcionarios y exfuncionarios argentinos —entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa— usaron plataformas como WhatsApp o Gmail para realizar funciones públicas, en lugar de canales oficiales del Estado. Por eso, solicitan conocer si en esos medios hay datos que puedan facilitar el embargo de activos”, añadió.
