WASHINGTON.- La Argentina le dijo en una carta a Loretta Preska, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que es “imposible” e “ilegal” entregar las conversaciones de funcionarios a través de mensajes de WhatsApp o correos electrónicos de Gmail, en un nuevo intento por limitar un pedido de acceso a información oficial en la demanda que lleva el fondo Burford Capital por la estatización de YPF.
Los abogados de la Argentina insistieron además a Preska que deje afuera del proceso al ministro de Economía, Luis Caputo; al asesor presidencial, Santiago Caputo, y a Sergio Massa, que estuvo al frente de Economía durante el gobierno de Alberto Fernández, y Guillermo Michel, que fue jefe de la AFIP y de la Aduana. Y también que limite la divulgación de información, o “discovery”, solo a “comunicaciones gubernamentales externas”, y deje afuera las deliberaciones internas.
La última presentación de los abogados del país del estudio Sullivan & Cromwell, a la que tuvo acceso LA NACION, ofrece un despliegue de los argumentos de la Argentina para impedir que salgan a la luz comunicaciones internas entre altos funcionarios que pueden llegar a develar los entretelones del día a día de la administración pública sobre temas altamente sensibles, incluidas discusiones sobre la política económica del país.
Burford, que consiguió una sentencia a favor en los tribunales de Estados Unidos para cobrar una indemnización por US$16.000 millones más intereses en las demandas por expropiación iniciadas por Petersen Energía y Eton Park, que el fondo adquirió, busca acceder a información oficial para conseguir que la justicia norteamericana dictamine que YPF y el Banco Central y otras empresas públicas son un “alter ego” de la República Argentina. De conseguirlo, Burford lanzará una ofensiva para intentar embargar activos argentinos, y forzar el cobro de su sentencia.
Preska les pidió a la Argentina y a los demandantes que presenten sus argumentos sobre los alcances que, a juicio de cada parte, debería tener el “discovery” antes de dar su sentencia definitiva y comenzar el proceso.
En una carta de 10 páginas, uno de los abogados del país, Robert J. Giuffra Jr., dice que “los demandantes no han identificado ninguna prueba de que YPF sea el alter ego de la República, y basan su caso en cambio en rumores y especulaciones de que “políticos” de la República han utilizado aviones de YPF y que “los rangos ejecutivos de YPF” están “llenos personas con conexiones políticas”.
Además, Giuffra sostuvo que los activos del Banco Central son inmunes de ser embargados en virtud de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, una determinación heredada de la causa de los fondos “buitres” liderados por NML Capital que demandaron al país por los bonos que cayeron en default en la crisis de 2001.
“Al igual que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno argentino tiene reglas sobre cómo se toman y documentan los actos gubernamentales. En este caso, las decisiones e instrucciones gubernamentales se registran en archivos administrativos, y esos archivos contienen toda la información, los informes y otros datos relevantes para una decisión en particular”, indica la misiva. “Los documentos y las comunicaciones gubernamentales internas relacionadas con el BCRA o YPF están excluidos de la divulgación pública”, agrega.
Pero uno de los temas más delicados que debe decidir Preska trata sobre uno de los pedidos que hicieron los demandantes: acceder no solo a las comunicaciones en los canales oficiales, sino también a través de servicios de mensajería, como WhatsApp, Slack, o correos electrónicos en Gmail. La carta sostiene que “las comunicaciones en dispositivos personales y cuentas de funcionarios de la República no están en posesión, custodia o control de la República, y violaría la Constitución Argentina que la República recopilara o buscara dichas comunicaciones sin una autorización legal específica”.
“No hay necesidad de recopilar dichas comunicaciones porque la República producirá todos los correos electrónicos intercambiados con YPF y el BCRA por funcionarios del gobierno a través de sus cuentas de correo electrónico gubernamentales”, indica la carta. “Más importante aún, dicha recopilación es imposible e ilegal porque (1) las comunicaciones de los dispositivos personales o cuentas de funcionarios del gobierno no están en posesión, custodia o control de la República, y sería un delito tomarlas sin consentimiento, y (2) incluso si las comunicaciones personales estuvieran disponibles para la República, no serían divulgables bajo el Régimen de Información Personal”, agrega la misiva.
Los abogados del país indicaron que la Constitución “protege los derechos de propiedad y privacidad de las personas, incluso en los dispositivos y cuentas personales”. Y aun si fuera posible y legal acceder a esa información, agregaron, ninguna de esas comunicaciones podría divulgarse debido a las limitaciones contempladas en el Régimen de Información Pública de la Argentina para proteger las deliberaciones oficiales.
“Incluso si fuera posible y legal para la República acceder a los dispositivos y comunicaciones personales de los funcionarios -y no lo es- ninguna de esas comunicaciones relacionadas con asuntos gubernamentales estaría sujeta a divulgación pública. Esto se debe a que constituirían ‘documentos de trabajo’ y ‘deliberaciones’ no públicos según el Régimen de Información Pública de la Argentina”, sostiene la carta.
