La ANSES fue aceptada como parte querellante en la causa que investiga la validez del cobro en su pensión de un plus por zona austral -de unos 6 millones de pesos– por parte de Cristina Kirchner, mientras residía en Capital Federal. El expediente está delegado en el fiscal federal Gerardo Pollicita, que la semana próxima comenzará a tomar declaraciones testimoniales a integrantes del organismo público, para conocer más detalles respecto a la denuncia que se radicó por los presuntos delitos de administración fraudulenta, estafa y falsedad ideológica.
Cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia condenatoria de Cristina por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad, el gobierno resolvió quitarle la pensión graciable que percibía, junto a otra que se le abonaba como viuda del ex presidente Néstor Kirchner.
Según los números oficiales, la cifra percibida por mes en concepto de las dos pensiones ascendía a 21.827.624 pesos. Desde diciembre, Cristina dejó de contar con ese dinero.
A ese planteo se le sumó otra decisión del gobierno libertario: el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, realizó una presentación en los tribunales de Comodoro Py en la que se acusa a la ex presidenta por «presunta estafa, defraudación al Estado y falsedad ideológica» al haber cobrado la Bonificación por Zona Austral en sus dos beneficios previsionales cuando es «de público conocimiento su residencia en la ciudad de Buenos Aires».
El presunto delito de falsedad ideológica responde, según la denuncia, a la decisión de haber declarado un domicilio en zona austral que no correspondía con su residencia permanente.
En el marco de la causa, la ANSES -organismo que está bajo la órbita de la cartera que conduce Sandra Pettovello-, solicitó ser tenida en cuenta como parte querellante, y el juzgado que instruye el expediente, subrogado por Sebastián Casanello, la aceptó, reconociendo el «legítimo interés» del organismo previsional en el caso, que además sería víctima de «un especial, concreto y directo perjuicio” si se comprueba la ilegalidad de la maniobra de Cristina.
En esta causa se investiga un beneficio previsional que se “habría estado abonando un suplemento adicional por residir en zona austral que, según lo denunciado, no correspondería que resulte abonado, pero que, -desde la firma del Decreto 746/17- habría resultado pagadero por las autoridades del ANSES, lo cual, permitiría visibilizar la posible existencia de una afectación a las arcas estatales”.
Para determinar los hechos bajo estudio, Pollicita requirió una serie de documentos a Capital Humano vinculados al otorgamiento de los beneficios especiales en los que se encuadra el adicional por zona austral.
Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, la semana próxima la fiscalía comenzará a tomar declaraciones testimoniales a integrantes de la ANSES para conocer con mayor nivel detalle los hechos denunciados, las cuestiones vinculadas a la normativa y sobre todo, los montos que estarían implicados en la presunta maniobra.
Es por ello, que el representante del Ministerio Público Fiscal le requirió al ministerio del que depende ANSES, que proporcione el detalle de la cantidad de meses en los que Cristina Kirchner cobró el adicional cuestionado y los montos finales que corresponden a dicho período.
En el detalle de la denuncia, el ministerio que dirige Pettovello sostuvo que «la bonificación por zona austral tiene por objeto ‘coadyuvar al programa de afincamiento y crecimiento demográfico de la región sur del país, posibilitando su desarrollo regional y atendiendo prioritariamente las necesidades sociales derivadas del mayor costo de vida'».
