En los últimos días, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibió datos sobre las cuentas bancarias que los argentinos tienen en Estados Unidos. Es la primera vez que se lleva adelante un intercambio de información automática con ese país, algo codiciado por las distintas administraciones, pero que demoró años de adecuaciones de sistemas y tratativas con las autoridades estadounidenses para que la Argentina pase a formar parte de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés).
Los datos que llegaron al país coinciden con la primera fase del Régimen de Regularización de Activos, más conocido como blanqueo de capitales, que la semana pasada se prorrogó hasta el 31 de octubre próximo. No es una coincidencia que al Gobierno se le escape. A través del cruce de información, en los últimos meses el fisco visitó y envió cartas a los contribuyentes con inspecciones en curso para invitarlos a adherirse a la iniciativa oficial.
“El blanqueo de capitales va a ser exitoso en el momento en que los contribuyentes entre al sitio web de la AFIP y en el servicio de ‘Nuestra parte’ encuentre que llegó información de Estados Unidos. Ahí la gente se va a apurar en declarar”, dijo una tributarista, en anonimato. En el sitio web de la AFIP, aparece un contador: al momento de escribir esta nota, quedaban 31 días, 13 horas y 23 minutos para regularizar el dinero en efectivo “sin tope”.
Los contribuyentes que la administración federal tiene en la mira hoy para fiscalizar son quienes tienen deudas, procesos administrativos y judiciales, irregularidades detectadas en relaciones laborales, inconsistencias surgidas por cruces sistémicos a partir de información recibida por intercambio automático del acuerdo multilateral de la OCDE, inmuebles no declarados, ventas omitidas, falta de inscripción y gastos que exceden la capacidad contributiva en el marco del Monotributo, entre otros.
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri intentó firmar el acuerdo FATCA, pero para llegar a buen puerto con las negociaciones se tuvo que esperar hasta diciembre de 2022, cuando Alberto Fernández todavía gobernaba en la Casa Rosada. Aun así, la información que llegó al país es más limitada que el Acuerdo OCDE, el intercambio de información tributaria automática que la Argentina mantiene hace años con otros 107 países.
Estados Unidos reporta únicamente a los titulares de la cuenta bancaria, no así a los beneficiarios finales. Por ejemplo, muchos argentinos tienen cuentas sin declarar en Estados Unidos bajo sociedades jurídicas en las Islas Vírgenes Británicas, las cuales seguirán en el anonimato. Tampoco informa si la cuenta está a nombre de una sociedad (LLC) o estructura (Trust).
Además, Estados Unidos solo le avisa a la Argentina la renta que tenga esa cuenta financiera, pero no reporta datos sobre movimientos ni saldos. Y como complemento, para reportarlo, la renta tendrá que darse en el territorio americano por más de US$10 por haber invertido en bonos del Tesoro o acciones; no así si el portafolio está posicionado en activos de Europa o Asia.
Durante el sinceramiento fiscal que lanzó Mauricio Macri entraron al sistema US$116.800 millones, muchos de los cuales estaban refugiados en el país que hoy dirige Joe Biden. En concepto de inversiones, el 30% del total declarado estaba en Estados Unidos y el 26% en Suiza. Algo similar ocurrió con los fondos en cuentas, en este caso, repartido entre Estados Unidos (45%), Suiza (32%) y Uruguay (9%).
Por esa razón, cuando Sergio Massa era ministro de Economía, el entonces oficialismo estimaba que habría otros US$100.000 millones sin declarar en Estados Unidos y que se podrían obtener gracias al acuerdo FATCA.
En esta ocasión, desde el Gobierno estiman que el blanqueo de capitales podría atraer un total de entre US$30.000 millones y US$40.000 millones que estaban en la informalidad. A diferencia de la iniciativa de Macri, en esta ocasión el Ministerio de Economía apunta a atraer a la clase media que tiene los billetes verdes guardados debajo del colchón, ya que se pueden regularizar hasta US$100.000 sin pagar ningún tipo de multa.
