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La Academia Nacional de Periodismo rechaza el bozal legal que prohíbe a los medios nombrar a Jorge Lanata

Última actualización: 28 de septiembre de 2024 6:09 pm
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La Academia Nacional de Periodismo calificó como «censura previa» el bozal legal que dispuso la jueza Lucila Córdoba, quien prohibió a los medios difundir «toda información» que involucre a Jorge Lanata por pedido de Elba Marcovecchio, la esposa del periodista.

«La censura previa judicial y la restricción al acceso a la información pública son un peligro y una gravísima amenaza a la libertad de expresión y a la transparencia informativa», apuntó la Academia en un duro comunicado que lleva la firma de los periodistas Silvia Naishtat y Joaquín Morales Solá.

La prohibición, que se dispuso en medio de un escándalo de denuncias cruzadas con las hijas del periodista, Bárbara y Lola, rige para medios gráficos, audiovisuales y digitales.

«La Academia Nacional de Periodismo rechaza categóricamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8 que prohíbe “la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en página WEB), de toda información que involucre” al periodista Jorge Lanata y a su esposa. La decisión de la jueza Lucila Córdoba viola un artículo de la Constitución y el derecho internacional», apuntaron en el comunicado.

En ese marco, desde la Academia recordaron: «La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa».

«Es una medida que va en contra de las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa, como el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica», agregaron.

Además, desde la Academia Nacional de Periodismo destacaron: «Esta decisión judicial se agrega a lo sucedido en septiembre cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ese decreto busca limitar el acceso a la información pública».

«Se recuerda otro caso de censura previo como el que dictó en 1992 hacia Tato Bores la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien interpuso un recurso para que uno de los segmentos del ciclo con los famosos monólogos de Tato no saliera al aire. La reacción de artistas y periodistas fue inmediata y ese episodio quedó en la historia de la televisión», puntualizaron.

El rechazo se suma a la condena que realizó este viernes la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que consideró que el fallo de Lucila Córdoba es «un inaceptable caso de censura judicial».

«Adepa rechaza enérgicamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8, por la cual se prohíbe ‘la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre’ al periodista Jorge Lanata y a su esposa», afirma parte del comunicado de la entidad periodística.

Jorge Lanata: el inicio del conflicto judicial

El problema surgió cuando Bárbara y Lola Lanata, las hijas de Jorge Lanata (64), quien continúa internado en la clínica Santa Catalina, especializada en la neurorehabilitación, presentaron una denuncia contra Elba Marcovecchio, esposa del reconocido periodista y conductor.

La denuncia, que costa de 67 páginas, fue presentada ante la Justicia de Familia. Las hijas de Lanata aseguran que la conducta Marcovecchio afectó la salud y el patrimonio de su padre.

Además, sostienen que la abogada y panelista televisiva mantiene con ellas una actitud confrontativa y ha alejado a Lanata de su entorno. Y también detallan gastos considerables en tarjeta de crédito, como «dos millones de pesos en una joyería».

Junto a la denuncia presentaron como pruebas audios y videos de cámaras de seguridad, donde se la ve a Marcovecchio tomando objetos del escritorio y la habitación de trabajo de su marido.

Bárbara y Lola acusan a Elba de «hurtar elementos de gran valor» y dinero en efectivo, entre «35 y 50 mil dólares». La alusión es a los 42 objetos entre esculturas, relojes, lapiceras, joyas, gemelos y certificados de autenticidad de obras de arte.

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